El juez del Puerto investiga al ex director general de la APV y a un ingeniero por la demolición del tacón de un muelle

  • El Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, que investiga presuntas irregularidades en el Puerto, mantiene imputados en el procedimiento al ex director general de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) Ramón Gómez-Ferrer y al ingeniero y ex jefe del Departamento de Proyectos, Obras y Conservación de obra civil Marcelo Burgos por la adjudicación a MSC sin concurso de la demolición del tacón de un muelle, según ha podido saber Europa Press.
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Tanto Gómez-Ferrer como Burgos se encuentran investigados junto al expresidente del organismo portuario Rafael Aznar en la pieza principal del Puerto, la única que queda abierta en este juzgado después de que hace unos meses la Audiencia sobreseyera la parte relativa al presunto cobro de sobresueldos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI).

En concreto, esta pieza principal tiene varios frentes abiertos: la adjudicación sin concurso a MSC, por 3,5 millones de euros, de la obra de demolición del tacón de un muelle del Puerto -'Tacón Ro-Ro'-; la compra, por valor de más de cuatro millones de euros, de un yate en 2007 para la America's Cup; el nuevo acceso desde el puente de Astilleros que se construyó -por 3,5 millones de euros- para evitar la congestión del Puerto durante las pruebas de F-1; y las cantidades cobradas por Aznar como consecuencia de la indemnización por vivienda durante el tiempo que fue presidente de la APV, entre otros asuntos.

En relación con la demolición del tacón -extremo de un muelle de tráfico rodado-, el juez llamó a declarar como investigados al actual subdirector de Planificación Estratégica de la APV Gómez-Ferrer -quien la pasada semana fue renovado como representante de España en la Asamblea de European Sea Ports Organisation (ESPO) y fue elegido miembro de su comité de Gobernanza- y a Marcelo Burgos -actual jefe del Departamento de Construcción y Conservación-.

Sobre esta obra, Aznar declaró en su día en el juzgado que fue aprobada por el Consejo de Administración y señaló que se antepuso el interés económico a una formalidad. Indicó que el Puerto tenía previsto desde hacía años quitar este tacón para ponerlo en otro sitio porque le interesaba más, y aprovechó unas obras de MSC para adjudicárselo. Defendió que era un gasto ya presupuestado y previsto, y que por ello se adelantó el dinero.

Al respecto, también obra en el juzgado un informe de un técnico del Ministerio que indica que en esta obra hubo un desfase de más de un millón de euros; así como otro informe, presentado a instancias del letrado de Aznar, de un técnico de Caminos, que señala que el coste fue ajustado a la realidad y que, de hecho, podría haber costado hasta 3,8 millones.

APROBADA POR EL CONSEJO

El juez también ha podido escuchar las versiones ofrecidas por los dos nuevos investigados en este asunto. Gómez-Ferrer declaró que la obra del muelle fue aprobada por el Consejo de Administración de la APV y defendió que, como no la ejecutó el Puerto, no salió a licitación. Al respecto, también dijo que la obra, por las características, era complementaria con otra que iba a llevar a cabo la Terminal y por ello no se licitó, según consta en su declaración a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así mismo, explicó que esta infraestructura estaba incluida en el Plan de Inversiones. Respecto al gasto, señaló que se valoró cuánto podía costar la obra y se dedujo que al pasarse a MSC -que le dio la obra a Cyes- se evitaban riesgos que se pudieran producir en un posible hundimiento: "La obra duró año y medio y la remoción del tacón unos cuatro meses, y que interesaba hacerlo al principio de la obra y, así, usar el muelle lo antes posible", sentenció.

Preguntado por el Acceso Alternativo al Puerto, manifestó que el motivo de efectuarse fue por "necesidad", con ocasión de la Fórmula 1, y agregó que la Autoridad Portuaria fue la que decidió cómo se iba a hacer esa obra para que satisfaciera al Puerto. Advirtió de que en la actualidad este acceso está vallado ya que hace falta una semaforización por parte del Ayuntamiento.

Por su parte, Marcelo Burgos defendió que él no intervino en las conversaciones y negociaciones con MSC, ni tampoco en la contratación. Sí señaló que asistió al acto de reconocimiento de obra y que estaba de acuerdo con el Plan ejecutado. También indicó que la APV no tenía obligación de comunicar el fin de la obra a Puertos del Estado y que nunca se hace en obras efectuadas por concesionarias.

El juez está pendiente de recibir en esta pieza nuevas diligencias solicitadas en relación con el yate adquirido por Rafael Aznar y con las cantidades que cobró por vivienda, entre otros asuntos.

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