Los acusados, para cada uno de los cuales la Fiscalía y la acusación particular -ejercida por Inversiones Grupo Miralles- reclaman seis años de cárcel, impugnaron el auto con el que el pasado mes de mayo el Juzgado puso fin a la instrucción de la causa y abrió la vía para sentarles en el banquillo y, ahora, Castro deberá dar respuesta al recurso como paso previo a la confirmación de su enjuiciamiento, tal y como han señalado a Europa Press fuentes del caso.

En concreto, el procedimiento judicial se dirige contra Zoilo, Alfonso, José María, Pablo, Javier y Álvaro Ruiz-Mateos así como contra los representantes legales de la sociedad Calwell Alliance, adquiriente del hotel: Zoilo Pazos Jiménez (sobrino del empresario gaditano) y Nicolás Faure.

La jueza anteriormente encargada de la instrucción declaró extinguida, por su parte, la responsabilidad penal del fundador de Nueva Rumasa a raíz de su fallecimiento.

Los hechos responden a la querella interpuesta en 2011 por IGM, representada por la letrada Isabel Fluxà, contra el patriarca de la familia Ruiz-Mateos, sus hijos y los dos administradores. Los inculpados defienden en el marco de esta causa que la intención de su familia "siempre ha sido la de pagar" e incluso uno de los descendientes definió a Miralles como "una persona inteligente, con buenos asesores y un gran empresario", por lo que "hubiera sido muy difícil engañarle".

Tal y como señalan las acusaciones, fue en mayo de 2006 cuando Grupo Miralles formalizó la venta a Calwell del 99,99 por ciento del capital social de Bastimentero, entidad propietaria del Hotel Eurocalas, por 23,67 millones de euros, todo ello tras mantener varias reuniones en el domicilio de los Ruiz-Mateos, "en la lujosa urbanización de Somosaguas".

Del importe total, se abonó 789.028 euros y se acordó el pago aplazado de 22,88 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de la sociedad Montumo, así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.

Sin embargo, la letrada de la acusación particular señala cómo los responsables de Montumo fueron "meros testaferros u hombres de paja" utilizados como "burdas marionetas por el clan varonil al completo a los únicos efectos de ponerlos en la primera línea de fuego y dificultar sobremanera la averiguación de la verdadera titularidad de las empresas e inmuebles, que al fin y al cabo no han salido de la familia".

EN ESPAÑA, LOS RUIZ-MATEOS "SERÍAN UNOS INDIGENTES"

La abogada recrimina en este sentido que los acusados omitieran "de forma deliberada y en todo momento su insolvencia, aprovechándose de la credibilidad personal de la familia y empresarial de Nueva Rumasa", y ello a pesar de que ninguno de ellos "tenía, ni tiene, activo alguno a su nombre, al menos en España". "En nuestro país serían unos indigentes", incide.

De hecho, ya en su querella la letrada apuntaba que "todos ellos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su 'acreditada solvencia de cara a la galería' gracias al nombre de Nueva Rumasa.

Los pagarés se fueron abonando hasta que en el verano de 2010 quedaron interrumpidos los pagos y en enero de 2011, "dados los problemas de cumplir el calendario de pagos", se acordó rebajar las cuotas mensuales a la mitad durante un periodo de dos años y sustituir el aval de Montumo por los avales de Clesa. Menos de tres meses después, Clesa presentó concurso de acreedores, lo que, a juicio del denunciante, "demuestra nuevamente el engaño por parte de los deudores".

En su querella, Miralles señalaba que está pendiente de pago un total de 12,81 millones, supuesta estafa que se eleva a 13,93 millones al sumar intereses y actas de Hacienda.

"Este tipo de engaños a través de terceros interpuestos y sociedades pantalla lo han venido haciendo de forma reiterada", sentencia el escrito de acusación, en el que Fluxà abunda en la participación activa "de todos y cada uno de los acusados en las artimañas que han llevado al hundimiento del imperio y la existencia y participación de testaferros que cobraban por 'firmar sin preguntar' y por aparecer como administradores de las mercantiles de la familia".

LA JUEZA: "INDICIOS RACIONALES DE UNA GESTIÓN DESLEAL"

En el auto de pase a procedimiento abreviado con el que puso fin a las pesquisas, la jueza apunta a la existencia de "indicios racionales de una gestión desleal" por parte de los querellados, calificando, de hecho, su forma de actuar de "proceder habitual" y aseverando que los Ruiz-Mateos no tenían patrimonio ni activo alguno con el que responder, por lo que "eran perfectamente sabedores de que no podrían restituir el hotel Eurocalas en las condiciones fijadas".

Grupo Miralles amplió posteriormente su querella al atisbar indicios de que la sociedad que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes por vender su hotel Cervantes de Torremolinos a la mercantil Clesa -también propiedad de los Ruiz-Mateos-, "obstaculizando" así su posible embargo.

Según las pesquisas, de las actuaciones se desprenden indicios de que la intención de Montumo -empresa propietaria del hotel Cervantes- era la de "salvar el bien en su propio beneficio, obstaculizando así la vía de ejecución que podría seguir el querellante como titular de un derecho de crédito frente a Montumo en el caso de que ésta no pudiera hacer frente a las obligaciones que había avalado".

La decisión de no acudir en su día a los llamamientos de la jueza para declarar como imputado provocó que aquélla ordenara la detención del impulsor del 'holding' de la abeja, quien llegó a pasar una noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares a la espera de pasar finalmente a disposición de la instructora.