Según informa Fiscalía en nota de prensa, la acusada ostentaba la guarda y custodia de su hijo menor de edad, nacido en 2010, sometida al cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas, la intensificación de la intervención de los Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF) y que la escolarización del menor se realizara en un centro de Avilés para permitir un mejor seguimiento por el EITAF y evitar que se alejara al menor de su lugar de domicilio.

La patria potestad era compartida por ambos progenitores, lo que suponía que ninguno de ellos podría adoptar decisiones que afectasen al menor sin contar con el consentimiento o conocimiento del otro progenitor, y un régimen de visitas a favor del padre, que se debía cumplir a través del Punto de Encuentro.

La Fiscalía sostiene que, pese a conocer los términos de esta sentencia, la acusada, "voluntaria y conscientemente", decidió, de manera unilateral y sin que existiese resolución judicial que lo autorizase, llevarse en abril de 2015 al menor a vivir a Madrid, donde lo matriculó en un colegio, sin informe favorable del EITAF y sin poner este hecho en conocimiento del otro progenitor.

Éste no supo nada del menor desde octubre del año 2014, momento en que la acusada decidió dejar de llevar al niño al Punto de Encuentro para cumplir el régimen de visitas establecido judicialmente. Además, desde que se fue a Madrid, la mujer y el niño estuvieron ilocalizables.

Según el relato del fiscal, todos los medios puestos para su localización resultaron infructuosos, se desconocía su domicilio y fue imposible contactar con ella telefónicamente al estar todos sus teléfonos de contacto inoperativos. La acusada acudió en septiembre de 2015 al Juzgado al saber que estaba en busca y captura; no declaró hasta el día 13 de octubre de 2015. La mujer ha sido condenada en numerosas ocasiones desde el año 2012 y hasta el 2015 como autora de faltas de incumplimiento del régimen de visitas.