Así lo ha comunicado este viernes en una rueda de prensa en Vigo, después de que la Comisión Europea anunciase que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir las normas en materia de aguas residuales en 17 puntos urbanos del país pese a existir una sentencia anterior que le obliga a ello, por lo que defenderá que se le imponga una multa de al menos 46,5 millones de euros.

Así las cosas, aunque la conselleira ha recordado que esta cuestión no forma parte de sus competencias actuales -desde octubre de 2015 ya no tiene la cartera de Medio Ambiente-, ha incidido en que todas las administraciones tienen que estar preocupadas y trabajar unidas.

"La depuradora de Vigo ya está a punto de entrar en funcionamiento, con lo que esa cuestión estaría solventada, pero Santiago y el resto municipios deben trabajar de la mano para resolver esa cuestión", ha rematado.