Serrano, nacido en Sevilla el 22 de febrero de 1967, está licenciado en Derecho, con especialidad en Derecho tributario y posee un Master en Dirección de Operaciones Internacionales. Durante su carrera, el nuevo responsable de la DGT ha sido teniente de Alcalde y Delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo (2011- 2015) en el Ayuntamiento de Sevilla o presidente de MercaSevilla. También ha dirigido Giralda TV y ha sido consejero delegado de Contursa. Además, Serrano es profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Pablo de Olavide de Sevilla.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se encontraba en situación de interinidad, después de que el pasado 22 de julio, la exdirectora del Departamento María Seguí, presentara su dimisión. El secretario general de la DGT, Cristóbal Cremades, ha asumido las funciones de Seguí durante estos cuatro meses, hasta el nombramiento de Serrano.

La renuncia de Seguí se produjo diez días después de que el Ministerio del Interior anunciara la apertura de una "investigación urgente" en torno a "la regularidad de la financiación por parte de la Dirección General de Tráfico de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad realizados por el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza".

Interior abrió dicha investigación tras las informaciones que apuntaban a que el organismo público habría financiado sin mediar concurso público tres proyectos de investigación sobre educación vial infantil al Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza donde trabajaba Francisco López Valdés, marido de la directora General de la DGT, María Seguí. Fueron 49.950 euros en un año.

RETOS AL FRENTE DE LA DGT

Al frente de la DGT, Gregorio Serrano tendrá que acometer la aprobación del Reglamento de Circulación. Esta norma, pendiente desde 2014, recoge, entre otras medidas tan polémicas como elevar a 130 km/hora el límite de velocidad en algunos tramos de autopistas y autovías. Junto con ella, deberá hacer frente al repunte de la siniestralidad.

La última Ley de Tráfico entró en vigor en mayo de 2014, pero para el desarrollo de algunas de sus medidas era necesario dar luz verde a su reglamento. A pesar de que la DGT aseguró en muchas ocasiones durante el mandato de María Seguí que el texto estaba listo, nunca llegó al Consejo de Ministros.

Al igual que la elevación de los límites, deberá volver a abordar una posible disminución de la velocidad máxima en zonas urbanas, hasta los 30 kilómetros por hora, y en carreteras secundarias, en donde se pretendía establecer la velocidad máxima en 90 kilómetros por hora y no hasta los 100 como ahora.

El nuevo reglamento, en su actual redacción, también haría efectiva la obligatoriedad del casco en ciudad para ciclistas menores de 16 años o la aplicación de un control de alcohol y drogas a aquellos peatones que estén implicados en un accidente de tráfico o cometa una infracción, como cruzar indebidamente.