A preguntas de los medios en Campo de Criptana (Ciudad Real), De la Cruz ha aclarado que "la directora general del Agua del Ministerio no dio otra opción al Gobierno regional durante la reunión mantenida con la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha para continuar la construcción de esta infraestructura, que tal y como se concibió en origen permitiría a alrededor de 600.000 habitantes de 59 municipios de La Mancha obtener un máximo anual de 50 hectómetros cúbicos desde el Tajo para asegurar y mejorar los sistemas en funcionamiento de abastecimiento humano".

La consejera ha indicado que la prórroga de la inversión aparecida en el BOE se ha tenido "que firmar por imposición del Ministerio, porque la directora general del Agua nos dijo que eran lentejas". "O aprobábamos una dilación en el tiempo de la infraestructura o se suspendía la inversión", por lo que "ante esa tesitura, hemos firmado un convenio que lo que hace es dilatar la construcción de esa infraestructura".

La consejera ha añadido que "no creemos que sea lo deseable", precisando que "ante la tesitura de que no se ejecutase o se tardase alguna anualidad más en concluirla, lo hemos firmado", ha informado la Junta en un comunicado.

El nuevo calendario impuesto por el Gobierno de España prorroga hasta el año 2020 las infraestructuras pendientes de construcción con un reajuste de las anualidades vigentes hasta ahora. El cuadro actualizado fija una inversión total de 230 millones de euros de los cuales 200 corresponderían al Estado en conducciones, ramales y una Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) en cabecera y 30 a la Junta de Comunidades, cuyo destino sería dotar al sistema de una planta de ósmosis inversa en la propia ETAP de cabecera que completará el resto de inversiones.

El cuadro renovado establece que el Estado deberá invertir 27,9 millones de euros en 2016, 20,7 en 2017, 19 en 2018, 18,2 en 2019 y 24,2 en 2020, montantes que se unirían a los 89,7 millones de euros invertidos en el período comprendido entre las anualidades 2009 a 2015. Estos importes son según el acuerdo "máximos", estableciendo que cualquier modificación al alza deberá traducirse en un nuevo acuerdo entre ambas partes que deberá ser objeto de un nuevo convenio.