Greenpeace España ha denunciado este jueves en la cumbre del clima de Marrakech que, mientras la demanda mundial de carbón cayó en 2015 un 1,8% respecto al año anterior, España aumentó su uso un 23,9% en el mismo periodo, "pasando a ser el país de todo el mundo que más aumentó su consumo", lo que provocó un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El dato forma parte de un informe en el que la ONG presenta propuestas para la reconversión de la cuenca minera de Teruel en base a la "transición justa" de los trabajadores hacia nuevas actividades, tal y como lo exige el Acuerdo del clima de París.

Greenpeace reclama para España, de forma "urgente", políticas "que marquen el camino para abandonar el carbón, como ya han hecho Portugal, Austria, Reino Unido y Finlandia".

En concreto le pide al Gobierno que impulse "un cierre progresivo, con fecha límite en el año 2025, de todas las térmicas del carbón en en España", y "el descenso paulatino del uso del carbón en todos los sectores", y por tanto "el fin de la minería del carbón y la importación del carbón".

La quema de carbón, usado principalmente para calefacción y electricidad, es el principal responsable de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otras sustancias contaminantes a la atmósfera. En concreto la quema de carbón supone un 70% de la producción de emisiones de gases de efecto invernadero de la producción eléctrica en 2014 y en 2015.

En España el sector empleaba a 100.000 personas en la década de los 50 y en 2014 el número de cotizaciones del 'régimen especial de minería del carbón' cuenta a 5.029 personas, tanto trabajadores activos como jubilaciones anticipadas. La extracción del carbón continúa manteniendo un alto nivel de dependencia económica en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Asturias.

Sin embargo, el carbón nacional ha tenido dificultades para competir en el mercado internacional y ha requerido apoyo estatal. En la actualidad más del 80% del carbón consumido en España para la producción de electricidad es importado.

Para cumplir con los objetivos que le impone la Unión Europea, España tiene en la actualidad en vigor un plan de cierre de la minería, según el cual aquellas minas de carbón que quieran obtener ayudas deberán presentar un proyecto definitivo de cierre antes de 2018. De no ser así, las minas deberán devolver las ayudas recibidas. El Gobierno solo subvencionará la reconversión.

Greenpeace asegura que la ruptura de la dependencia del carbón en general en todas las cuencas mineras carboníferas está resultando costosa y compleja. "En España, se han desarrollado algunas experiencias interesantes, pero globalmente ha habido muchas más sombras que luces a la hora de desarrollar con éxito planes de reconversión de las zonas mineras", denuncian. A ello contribuye, dicen, "la política errática en materia energética de los últimos gobiernos españoles".

La organización pide "eliminar todas las subvenciones a las energías sucias, incluidos los fondos a inversión medioambiental de las eléctricas" y "planificación para alcanzar un objetivo de suministro de 100% de la demanda con energías renovables en 2050".

Para la ONG es un asunto de vital importancia no solo por la salud del planeta: "Solo la térmica de Andorra (Teruel), que está entre las diez térmicas europeas con mayores emisiones de azufre, contribuye a 400 muertes prematuras, 260 casos de bronquitis crónicas, 360 ingresos hospitalarios y 11.970 ataques de asma en niños".

Presente en Marrakech este jueves el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha descartado tajantemente el cierre por decreto de las centrales térmicas de carbón.

El Gobierno de España confía en que la pérdida de peso del carbón en el mix energético se produzca por razones tecnológicas y económicas, más que por una regulación ambiental. Que la evolución del precio del carbón en los mercados internacionales y la irrupción de las energías renovables compliquen el escenario futuro al carbón.