"La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el entorno marino", ha advertido el Ejecutivo comunitario al anunciar su decisión.

Son las autoridades autonómicas las que deben garantizar que las aguas residuales urbanas son "debidamente recogidas y tratadas", algo que sigue sin ocurrir en 17 ciudadanos o núcleos urbanizados en Andalucía, Asturias, Galicia, la Comunitat Valenciana y Canarias, lo que plantea "riesgos graves" para 1.400.000 personas.

Bruselas ya llevó en el pasado a España ante el tribunal con sede en Luxemburgo por esta situación, y una sentencia de 2011 que falló en contra de las autoridades españolas y apuntó deficiencias en 37 puntos urbanos, pese a que el plazo para aplicar la normativa expiró en diciembre de 2000.

"Cinco años más tarde, la cuestión sigue sin tener solución en 17 de esos lugares", ha criticado el Ejecutivo comunitario, que propone una sanción a tanto alzado de 46,5 millones de euros, más una multa diaria de 171.217 euros si se mantienen el incumplimiento.

En el caso de la Comunitat, las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas son Benicarló y Peñíscola en Castellón y Teulada-Moraira en Alicante. Del resto de España cita Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate, Gijón este, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar.