El Ayuntamiento de Barcelona ha abordado este jueves en su Comisión de Gobierno si FCC falseó datos de la gestión del servicio de limpieza viaria y retirada de residuos urbanos para presuntamente incrementar irregularmente sus ingresos, han explicado fuentes municipales.

Estudia si la delegación en Barcelona de FCC presuntamente facturó servicios no realizados y manipuló datos de la recogida de residuos mezclándolos para no superar unos tramos por los que cobraría menos --en envases y muebles--, defraudando en unos 800.000 euros, ha informado este jueves 'El País', de los 100 millones de euros que factura anualmente en esta zona.

FCC facturaba, además, de 8 a 9 operarios extras de los 254 que trabajaban en la recogida de residuos, un 3,3% más de los que realmente realizaban estas funciones.

La empresa ha descartado por el momento pronunciarse sobre esta cuestión y el Gobierno de Ada Colau está informando de los hechos y de sus conclusiones en una comparecencia este mismo jueves. El consistorio ha convocado de urgencia a los grupos municipales de la oposición y ha comunicado los hechos a la Comisión de Gobierno y a la alcaldesa Colau. El gobierno municipal califica lo sucedido de "una ofensa al ayuntamiento y un ataque a toda la ciudadanía en un ámbito sensible como el de la limpieza".

En un apunte en Twitter, el teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume Asens, ha explicado que el Ayuntamiento ha llevado el caso a la Fiscalía."Ante la gravedad de los hechos que describe El País, #OficinaTransparènciaBCN hemos llevado el caso a Fiscalía (el pasado lunes). Llegaremos hasta el final", ha dicho.

El Ajuntament ha abierto un expediente administrativo y este podría desembocar en una rescisión de contrato con la empresa o en la inhabilitación de la misma para cerrar contratos con administraciones públicas. Este mismo jueves, el consistorio ha contactado con la empresa y han concertado una reunión conjunta.

El presunto fraude en la recogida de basuras tuvo lugar en tres distritos de la ciudad, Gràcia, Eixample y Ciutat Vella, entre los años 2013 y 2015 y afectó a 42 toneladas de las 6.000 toneladas de desperdicios que se recogen diariamente en Barcelona.

Unos 40 camiones con un tercio de la carga de envases eran cargados con los dos tercios restantes de basura y eran llevados a la línea de tratamiento de residuos generales. Los residuos voluminosos, donde también se ha detectado fraude, eran pasados por dos circuitos diferentes para maximizar sus beneficios.

Desde el consistorio han indicado que los dos delitos que se podrían haber cometido por parte de la empresa son los de estafa (artículo 250 del Código Penal) y el de falsificación de documento mercantil (artículo 392), que pueden conllevar penas de cárcel de entre los seis meses y los 6 años.

De la investigación llevada a cabo por el consistorio, se ha comprobado que en esta estafa no se ha visto implicado "ningún funcionario". El gobierno municipal ha pedido la máxima colaboración a FCC y la ha instado a que "no destruya pruebas".

En la ciudad trabajan 33 inspectores de calle que hacen controles aleatorios y se realizan anualmente unas 40.000 inspecciones, de ellas, de 9.000 a 10.000 solo en el ámbito de basuras en la zona centro. Tras conocer lo sucedido, el consistorio ha ampliado la actividad inspectora. El contrato con FCC finaliza en 2019.

El grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona ha expresado este jueves su apoyo al Gobierno encabezado por la alcaldesa Ada Colau para esclarecer el presunto fraude de 800.000 euros por parte de la empresa FCC, y ha reclamado que "se llegue hasta el final" en la depuración de responsabilidades administrativas y penales que se puedan establecer, así como recuperar la cantidad presuntamente estafada.

CiU ha señalado que el ejecutivo ha explicado este jueves a los grupos de la oposición los detalles de la operativa detectada, la apertura de un expediente informativo y que se ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía: "El presunto fraude sería exclusivamente atribuible a la empresa y a sus directivos, y que en ningún caso afecta al trabajo y responsabilidades de funcionarios y trabajadores municipales".

En este sentido, han pedido al Gobierno la "máxima transparencia e información", y ha asegurado que, de confirmarse las sospechas del Ayuntamiento, se trataría de unos hechos muy graves, ya que suponen un perjuicio para la ciudad y para el medio ambiente, y ha reclamado que se investiguen todos los contratos y servicios prestados por FCC al consistorio