Las quejas por los abusos urbanísticos van a más

Los eurodiputados que están en la Comunidad para investigarlas dicen que nunca antes habían recibido  «tantas quejas sobre el derecho de propiedad»
Los abusos urbanísticos amparados en la actual ley (la LRAU) suman y siguen. El conseller, Rafael Blasco, escurre el bulto y dice que la aprobó el gobierno socialista en 1994 y que él prepara otra (la LVU). 

Ahora bien, la aprobación de esa nueva norma se está eternizando (lleva ya tres años y parece  que aún tardará).

El propio Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano) incluye en su memoria de 2004 atropellos auspiciados por la vigente ley.

Los parlamentarios europeos que esta semana visitan la Comunidad para investigar las denuncias contra ella también saben lo suyo. Ayer escucharon a los afectados:

- Fontanars dels Alforins. Un vecino les contó que «un constructor disfrazado de agricultor» había estado acaparando tierras y ayudas europeas para vides y que ahora que ha logrado hacerse con 1.200 m2 proyecta un campo de golf.

- Salvem el Cabanyal. Acusó al Consell de adjudicar los planes urbanísticos a dedo, sin concurso, y de avisar a los particulares cuando «las máquinas ya están dentro».

- Cullera. Un representante de los 2.400 afectados por un proyecto para construir rascacielos que dará al traste con su forma de vida y, según denuncian, perjudicará L’Estany (espacio natural) pidió que se paralice el plan.

- Els Mestrets (Castellón). Cincuenta vecinos lamentaron que el Instituto de la Vivienda (IVVSA) bordee un convento para construir VPO y viviendas de renta libre y, en cambio, derruya las suyas. Se quejaron también de que los obligara a pagar la urbanización con tierra y no con euros.

- El Desert de les Palmes. Paraje protegido amenazado por la construcción de 30.000 viviendas y por una carretera.

Los testimonios sorprendieron al presidente de la misión europea, quien reconoció que nunca antes habían recibido «tantas quejas sobre el derecho de propiedad».

Protestas al Síndic de Greuges

Bernardo del Rosal, el Defensor del Pueblo valenciano, explica en su memoria que los ciudadanos le cuentan de todo: que la Administración pasa de informarlos de qué va a hacer en su zona, que les veta la posibilidad de opinar y exponer qué necesitan, que racanea en la valoración de sus propiedades, que ellos, los vecinos, son los últimos en enterarse de cuánto tendrán que pagar por la urbanización (por las farolas, por poner un ejemplo), que ni los ayuntamientos ni la Conselleria persiguen a los infractores, que promueven pocas viviendas protegidas (VPO), que hay amiguismo en la adjudicación de las obras de urbanización...

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