La Junta está "dispuesta" a crear dos grupos de trabajo con Podemos sobre la Ley de Garantías y los Presupuestos

  • El vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado esta martes que el Gobierno regional está "dispuesto" a crear un grupo de trabajo para "avanzar" en la redacción del proyecto de una nueva Ley Integral de Garantías"de carácter integral" y otro para avanzar "en materia de presupuestos" con el fin de que "esas propuestas tengan reflejo en el proyecto de Presupuestos para el año 2017".

En declaraciones a los medios de comunicación previas a su participación en el acto de entrega de los IV Premios COPE Cuenca, Guijarro ha anunciado que va a "trasladar" al secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, la posibilidad de constituir ambos grupos y de que "vayan trabajando simultáneamente para que se note el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha para sacar adelante esos planteamientos".

A este respecto, ha considerado "imprescindible" contar con los Presupuestos el año 2017 "porque hay muchos proyectos pendientes de esos Presupuestos y tienen que suponer un paso en la consolidación de la recuperación de derechos y de servicios públicos que hemos iniciado en 2016, pero que hay que continuar a lo largo del 2017", ha resuelto.

NUEVA LEY DE GARANTÍAS

Con respecto a la nueva Ley Integral de Garantías, Guijarro ha aseverado que, en ella, habría que abordar "tres asuntos básicamente", en referencia, en primer lugar, a un programa de garantía de rentas, al que, ha dicho, "ya se comprometió el presidente de Castilla-La Mancha en el debate del Estado de la región".

Asimismo, a su juicio habría que incluir en ella también un programa de lucha contra la pobreza energética, en el que ha subrayado, "estamos trabajando", así como "actuaciones referentes a garantizar la vivienda, fundamentalmente, a evitar los desahucios", en lo que, ha defendido, "estamos también trabajando".

"Compartimos los objetivos", ha admitido el vicepresidente de la Administración regional, para, a continuación, constatar que no cree que exista "inconveniente en que esos objetivos y programas se materialicen en una ley".

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