Esta posible personación, para estudiar la cual el alcalde ha solicitado un informe jurídico, "es del interés de toda la ciudad, no de una parte ni solamente del equipo de gobierno", ha indicado Cuenca en unas declaraciones a los periodistas en las que ha destacado la importancia de contar con la "opinión y el respaldo" del resto de grupos municipales en este asunto.

"A todas luces, con lo que vamos conociendo, parece lógico, y casi de cajón, que el Ayuntamiento tiene que estar personado en defensa de los intereses de los granadinos porque, si hay un menoscabo de dinero público que es de todos los granadinos y no se sabe muy bien a qué se ha destinado y parece que ha estado al servicio de unos pocos, hay razones para personarse", ha avanzado Cuenca. En cualquier caso, el estudio de carácter jurídico orientará sobre "el procedimiento" a seguir, ha concluido el alcalde.

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Francisco Puentedura, ha reclamado en rueda de prensa que se haga una auditoría "a fondo" de todos los procedimientos administrativos que se están investigando en el marco de la operación Nazarí.

Puentedura ha demandado que el Ayuntamiento de Granada inicie una revisión "profunda" de todas las licencias urbanísticas y de actividad concedidas por la administración pública en el pasado mandato, "y que afecten a zonas como el Serrallo, el plan parcial N2, el Palacio de Hielo, el edificio Progreso o el que alberga la vivienda del anterior alcalde, entre otros".

El portavoz de IU ha considerado las informaciones conocidas en torno a este caso de "escandalosas", y ha solicitado una "revisión pormenorizada" en torno a las ocho operaciones urbanísticas que actualmente se están investigando en la ciudad.

El edil de izquierdas ha apuntado al informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional en el que se señala que la supuesta trama de corrupción habría podido suponer un daño patrimonial de 29 millones de euros, por lo que mantiene que la "operación a favor de la transparencia en el Ayuntamiento de Granada" tiene que servir también "para aplicar los expedientes sancionadores y las reclamaciones patrimoniales con objeto de que respondan por estos 29 millones de euros altos cargos del funcionariado, responsables políticos y empresarios que se hayan visto beneficiados con esta trama".