El portavoz del Gobierno vasco en funciones, Josu Erkoreka, ha considerado "sorprendente" que después de que el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el propio Instituto Armado relacionaran con un posible delito de "odio" las agresiones del mes pasado a dos guardias civiles y sus parejas en Alsásua (Navarra), la Audiencia Nacional investigue ahora estos hechos como un presunto delito terrorista.

Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, se ha referido a la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de decretar el ingreso en prisión incondicional de seis de los ocho detenidos por dicha agresión, como presuntos autores de un delito de lesiones terroristas.

El portavoz del Ejecutivo ha recordado que, puesto que los hechos se produjeron fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, carece de información completa sobre el "fondo" de lo ocurrido en Alsasua, por lo que no puede pronunciarse sobre si lo que sucedió "justifica" la decisión adoptada por la Audiencia Nacional.

No obstante, ha afirmado que le "sorprende" que este tribunal esté investigando lo ocurrido como un posible delito terrorista, cuando los informes iniciales de la Guardia Civil y las primeras declaraciones del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández, Díaz, realizadas el 18 de octubre, "apuntaban en otra dirección", en concreto hacia un posible delito de "odio".

"LLAMA LA ATENCIÓN"

Erkoreka ha subrayado que "choca y llama la atención" que después de aquellas primeras tomas de posición, la Audiencia Nacional haya adoptado ahora esta vía.

De todas formas, ha reconocido que "todo indica que los hechos tuvieran gravedad", por lo que ha afirmado que "sería bueno que se investigaran y se esclareciera qué entidad tienen y si son o no constitutivos de un delito terrorista".

Erkoreka ha recordado que el 'Plan de Paz y Convivencia' del Gobierno vasco contempla la "revisión" del "dispositivo legal de excepción" construido en los últimos años para combatir el terrorismo de ETA, dentro del que ha situado a la propia Audiencia Nacional como tribunal encargado de investigar los delitos de terrorismo en el Estado español.