Y de repente, ha vuelto la inflación. Después de tres años de navegar en unas tasas de precios moderadas —cuando no negativas— el mes de octubre ha visto repuntar en España el IPC interanual al 0,7%. Una tasa desconocida desde 2013 y muy esperada por el Gobierno porque, entre otras cosas, alivia la capacidad de devolución de la ingente deuda pública en nuestro país.

Pero no todo son alegrías por la recuperación de los precios. No lo es para los consumidores, que ven subir los precios, especialmente de las gasolinas y de la electricidad. Y tampoco para los 8,6 millones de jubilados españolesa porque este empujón de la inflación en el ocaso de 2016 está erosionando su bolsillo. Sus pensiones apenas subieron este año un 0,25% y si 2016 se cerrase con este 0,7% de subida, perderían medio punto de poder adquisitivo.

Según los cálculos del Gobierno, el daño en la capacidad económica de los jubilados podría ser este año incluso mayor al calculado. El ministerio de Economía admitió ayer que el IPC podría cerrar este año en el 1%. Y el Plan Presupuestario enviado a Bruselas en octubre incluyó una modificación al alza de las previsiones de inflación para 2017: del 1,2% al 1,4%. "Efectivamente, se producirá una pérdida de poder adquisitivo en los pensionistas", explica a 20minutos José Enrique Devesa, doctor en Economía por la Universidad de Valencia.

¿Por qué sí este año y no los anteriores? El motivo es que desde hace cuatros año las pensiones ya no se revisan con el IPC, como se venía haciendo desde 1997. La reforma del sistema que el Gobierno popular introdujo el 1 de enero de 2014 ideó otro método: un índice de revalorización (IRP), definido por una fórmula que valora la evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, el número de pensionistas y la cuantía de la ayuda.

Este índice se incluye en los Presupuestos anuales, no puede superar el IPC esperado más medio punto —si lo superase, algo que nunca ha pasado, el exceso iría a parar a la hucha de las pensiones— y nunca puede descender del 0,25%. Esta es la revalorización más baja permitida. Y ha sido la aplicada en los últimos tres años. "La subida fue la mínima, pero ha beneficiado de todos modos a los pensionistas porque la inflación fue aún más baja", afirma Devesa, experto en sistemas de prestación social y miembro del Comité de Expertos que en 2013 entregó al Gobierno este proyecto de reforma.

El período de precios bajos, sin embargo, ha llegado a su fin. Si las previsiones se cumplen y el Ejecutivo vuelve a revisar las pensiones un escuálido 0,25%, los pensionistas podrían perder entre este ejercicio y el siguiente hasta 1,9 puntos de poder adquisitivo (0,75 este año y hasta 1,15 el siguiente).

¿Cómo se traduce esta pérdida de poder adquisitivo en dinero? Imaginemos un pensionista que ganaba 800 euros a finales del año pasado. Su nómina apenas ha aumentado este año dos euros al mes (802) y si en 2017 vuelve a actualizarse al 0,25% se elevará otros dos. Si la revalorización, en cambio, se hubiese referenciado al IPC, su pensión este año habría sido de 808 € y en 2017 de 819. Es decir, en ambos años perdería unos 214 € de ingresos. "Pérdidas que se seguirán acumulando cada vez que el IPC supere el 0,25%", advierte Luis Zarapuz, economista del sindicato CC OO.

Fuente: Elaboración Propia

Todo esto, por supuesto, depende ahora de la negociación parlamentaria del presupuesto para 2017. Todos los partidos —excepto C's y PP— registraron en octubre una Proposición de Ley que instaba al Gobierno a elevar un 1,2% las pensiones. Y si los precios suben más, recuperar la pérdida de poder adquisitivo con una revisión a final de año, al estilo de las que se hacían en los meses de noviembre con las antiguas actualizaciones según IPC.

"Es una iniciativa que supone mayor gasto, así que dudo que vaya aceptarla el Gobierno", apunta José Enrique Devesa. Máxime cuando Bruselas aprieta a España por el exceso de déficit y este mismo miércoles podría decidir congelar el 50% de los fondos estructurales que le correspondían para 2017 por la "falta de acción efectiva" del Ejecutivo de Rajoy para enjugar un desfase que fue  8.000 millones mayor del que exigía Bruselas.

Los partidos debatirán los próximos meses en el marco del Pacto de Toledo cómo evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo sin horadar aún más el agujero de la Seguridad Social. Un organismo que acumulan déficit tras déficit en los últimos años (este año se elevará a una cifra récord de 18.000 millones) y que previsiblemente agotará el Fondo de Reserva utilizado para cubrir estos agujeros a finales de 2017.

Devesa sugiere una solución que ya está en boca de muchos: cargar las pensiones de viudedad a los presupuestos del Estado. En España se abonan 2,3 millones de prestaciones por viudedad que implican un gasto de 21.000 millones al sistema de la Seguridad Social. Traspasándolas a los presupuestos, el agujero de 18.000 millones desaparecería. "Y no solo se equilibrarían las cuentas de la Seguridad Social, el IRP se elevaría así de forma  automática", apunta. Zarapuz no es de la misma opinión: califica la idea de "parche" y teme que sacar estas pensiones –ahora son contributivas– de la caja común, suponga reconvertirlas en una prestación asistencial "con el fin de devaluarlas y recortarlas a medio plazo".

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, acudirá al Pacto de Toledo el 22 de noviembre y allí se pondrán otras ideas en la mesa. "Por ejemplo que se mantenga la revalorización del 0,25% y que la diferencia se financie vía impuestos en los Presupuestos", señala José Enrique Devesa. Así, los pensionistas no perderían poder adquisitivo y tampoco se perjudicaría a las arcas de la Seguridad Social.

"Lo que no es aconsejable es regresar al IPC como referencia para revalorizar pensiones", matiza el economista de la universidad de Valencia. "El actual Índice de Revalorización es adecuado porque es automático y evita problemas de sostenibilidad futura. Eliminarlo haría perder credibilidad en el sistema".