Secretaría e Intervención que consideran que "infringe el ordenamiento jurídico".

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, dicho acuerdo plenario "afectaría directamente a materias propias de la Hacienda local, hecho que prohíbe expresamente el referido artículo 2 de la Ley 2/2001 de 3 de mayo, de Regulación de Consultas Populares Locales en Andalucía".

En este sentido, los concejales del equipo de gobierno municipal han interpuesto un recurso contencioso-administrativo impugnando el citado acuerdo, adoptado en Pleno ordinario el pasado 28 de septiembre, y solicitando la suspensión de la ejecutividad de dicho acuerdo plenario en consideración a esos informes emitidos desde Secretaría e Intervención.

El acuerdo de pleno recogía como único punto la propuesta de "acordar la convocatoria de consulta popular al amparo de lo previsto en la Ley 2/2001 de 3 de mayo, de Regulación de Consultas Populares Locales de Andalucía, sometiendo a la consideración del pueblo la siguiente cuestión: ¿quiere usted que el Ayuntamiento haga todas las acciones encaminadas (negociaciones, compensaciones, revisiones de contratos, etc) para que la zona ORA, sólo esté en vigor en zonas comerciales (calle Ancha, Paseo de la Ría y Avenida de Andalucía), del 15 de junio al 15 de septiembre?".

UPU ADVIERTE AL PSOE DE QUE EL EQUIPO PROCESAL LO DEBE ESCOGER EL PLENO

Por su parte, el portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU) y autor de la moción que se aprobó en el pleno, José Carlos Hernández Cansino, ha asegurado que el pleno ya dio su opinión y que es "el grupo socialista el que impugna la propuesta", por lo que ha recordado que, en este caso, debe ser el pleno del Ayuntamiento el que "elija abogado y equipo procesal" contra la resolución del PSOE "para evitar que el grupo socialista haga un escrito y se contesten a ellos mismos".

Hernández Cansino ha mostrado su "extrañeza" por el hecho de que "sea el gabinete de prensa del Ayuntamiento el que anuncia lo que va a hacer el grupo socialista", ya que el Ayuntamiento "ya se pronunció en pleno" por lo que el portavoz de UPU achaca esta postura a que "no asumen perder una votación y quieren buscar cualquier excusa legal" contra lo que la mayoría del pleno "legítimamente ha adoptado".

Del mismo modo, el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Punta Umbría también ha mostrado su extrañeza por el hecho de que "los informes" a los que alude el equipo de gobierno "no estuvieran el día de la votación en el pleno".

En clave política, desde UPU han señalado que el equipo de gobierno demuestra "plegarse a los intereses de la empresa en lugar de dejar hablar a los ciudadanos y preferir apoyar a los que ya beneficiaron subiendo las tarifas de manera injustificada y sin apoyo legal alguno".

Para Hernández Cansino, está claro que la alcaldesa "defiende los intereses de Iberpark y que no quiere oír ni hablar de lo que quieren los ciudadanos en este tema porque intuyen que perderían el referéndum".

Por último, el presidente de UPU ha asegurado que "no es cierto que el referéndum contravenga la legislación en cuanto al punto de la Hacienda local" ya que la pregunta va dirigida a "iniciar los trámites necesarios" y en ningún caso es vinculante por lo que la pregunta "no afecta directamente a la Hacienda Pública" ya que el sentido es el de "saber la opinión del pueblo y no su ejecución práctica".