Pensionistas venezolanos residentes en Galicia buscan apoyos para que el Gobierno venezolano les abone sus pensiones

  • Pensionistas venezolanos residentes en Galicia se han reunido este sábado por la mañana en Vigo con el objetivo de recabar apoyos para que el Gobierno venezolano les abone su pensión, cosa que lleva sin hacer desde el pasado mes de enero.

Así lo ha relatado a Europa Press el presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia, Andrés Barencov, quien ha explicado que el caso de los jubilados es todavía más dramático que el de los pensionistas, pues llevan en esta situación dos años en lugar de uno.

A este respecto, ha hecho hincapié en que existe un convenio bilateral entre España y Venezuela que data de 1990 y en virtud del cual el país español se comprometió a abonar las pensiones de los españoles que residen en Venezuela y el país venezolano la de los venezolanos que viven en España.

Sobre este asunto, Barencov ha lamentado que la familia de un venezolano residente en Alicante tuviera grandes problemas para costear su entierro, pues necesitaba el dinero de su pensión, la cual no recibía, para ello. También ha hablado de casos de desahucios y de ancianos que tienen grandes dificultades para costearse la residencia donde viven.

Así las cosas, este martes día 15 de noviembre tendrá lugar una reunión en Madrid con el objetivo de constituir la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia. Y es que buscan ser "una sola voz más potente y fuerte".

Asimismo, considera que la Xunta ha sido "muy amable" a la hora de escuchar sus reclamaciones, planteando la posibilidad de realizar un listado de posibles asistencias y ayudas que se tramitarían a nivel individual para aquellos pensionistas y jubilados que se encuentran en una situación difícil.

De igual modo, ha indicado que están tratando de confeccionar un documento probatorio de la falta de pago para poder reclamar el dinero que se les adeuda.

También ha destacado la proposición no de ley aprobada en el Congreso con el objetivo de que se reclame el incumplimiento por parte de Venezuela del convenio suscrito en 1990.

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