De igual modo, "teniendo en cuanta la importancia del sector en la provincia, el nuevo contexto legal, y la amenaza que supone para el sector el no contar con esta licencia de actividad", también proponen que la Diputación diseñe y desarrolle jornadas de formación a los técnicos de los ayuntamientos para que los ganaderos cuenten con las máximas garantías en la obtención de la obligatoria licencia de actividad.

IU-Para la Gente ha incidido en la moción en la importancia que tiene la actividad caprina en la provincia de Málaga, ya que, entre otros, facilita la creación de empleo y fija la población en el ámbito rural.

Es más, han recordado que Málaga es, con más de 1.500 ganaderías caprinas, el lugar con mayor concentración de este ganado en toda Europa.

Asimismo, la cabra malagueña es una de las razas más importantes del mundo por la cantidad y calidad de su producción lechera, recordando, en este sentido, que cada hembra produce una media de 500 litros anuales. El censo total de esta raza es de alrededor de 300.000 cabezas, de las que 200.000 se encuentran en la provincia. Sus principales productos son la leche, el queso y el cabrito lechal, si bien se está avanzando en la elaboración de otros productos manufacturados.

Además, Málaga es la principal productora de leche de cabra en España, con más de 70 millones de litros al año, y produce más de 3,5 millones de kilos de carne de caprino.

No obstante, han lamentado que el 90 por ciento de la leche de cabra producida se transforma en queso fuera de la provincia y el 90 por ciento del chivo lechal se sacrifica y se consume en el levante y norte de España.

Por ello, han señalado que para revertir esta situación y que el valor añadido se quede en la provincia y en sus pueblos, la Diputación está trabajando en potenciar el sector caprino a través de la marca promocional Sabor a Málaga.

No obstante, han criticado otro inconveniente al que se enfrentan. En este sentido, han explicado que la licencia de actividad es la licencia municipal que faculta para la implantación de una actividad clasificada, así como para su ampliación o reforma, sin embargo, la situación real es que "hay una parte de las explotaciones ganaderas que llevan tiempo realizando su actividad pero que no cuentan con esta licencia de actividad, dándose la paradoja de que ya tienen el código de explotación ganadera -código REGA- porque cumplen con todo lo establecido en la normativa".

Para la obtención de esta licencia de actividad deben solicitarla a los consistorios y son los técnicos de urbanismo los encargados de tramitar y resolver los expedientes administrativos que corresponden, habiéndose detectado por parte de COAG "que los ayuntamientos no disponen de personal suficiente y cualificado para poder llevar a cabo estos trámites".

"Cualquier explotación ganadera tiene obligación de tener licencia de actividad, de no obtenerla, tarde o temprano estarán abocadas al cierre", manifiestan en la moción, al tiempo que se añade que, además, será un documento exigido para temas como el cambio de titularidad de la explotación, el Plan de Gestión de Residuos Ganaderos o las ayudas de modernización de explotaciones y de primera incorporación convocadas por la Junta.

OTRA MOCIÓN

Por otro lado, IU-Para la Gente ha presentado otra moción también para debate en la comisión informativa de servicios a la ciudadanía de la Diputación de apoyo a las personas que fueron afectadas por la poliomielitis y que están padeciendo los efectos tardíos de esta enfermedad.

Así, piden instar a la Junta y al Gobierno central a poner en marcha un protocolo de atención integral de las personas afectadas por los efectos tardíos de la poliomielitis, entre ellos el Síndrome Post-Polio (SSP), así como a reforzar la formación e información de los profesionales sanitarios andaluces para ofrecer, con carácter general, una atención especializada y adecuada a las necesidades de estos pacientes.

También piden a la Consejería de Salud poner en marcha, o reforzar, si lo hubiere, un circuito específico para la atención del paciente en el hospital regional; e instar al Gobierno andaluz y al Ejecutivo central para que se considere el SPP como una patología dolorosa, invalidante e incapacitante, incluyéndose ésta en el sistema de valoración de la discapacidad.

De igual modo, piden al Gobierno que modifique el artículo 1 del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento, en el sentido de suprimir, a los afectados por el síndrome postpolio o las secuelas de la poliomielitis, la exigencia del reconocimiento del grado de discapacidad del 45 por ciento durante todo el tiempo de cotización, limitándolo, en consecuencia, únicamente al momento de solicitud de jubilación, previo informe médico.

Por último, solicitan instar al Gobierno de España para que estas modificaciones se apliquen también a los funcionarios de la Administración Civil del Estado, que están encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, dentro del Régimen de Clases Pasivas; también a la Junta y al Ejecutivo Central para que se elabore un registro andaluz y estatal de supervivientes de la polio, y que se efectúe un seguimiento y dar traslado de esta moción a los municipios de la provincia que les compete.