En un comunicado este viernes, ha explicado que los padres del menor presentaron un escrito de reclamación patrimonial el 10 de julio de 2013 por los daños que manifestaban que sufrió su hijo de "acoso, empujones, golpes, amenazas e insultos racistas, por su nacionalidad" y por lo que reclamaban 16.800 euros.

El departamento asegura que en el expediente constan los informes de la dirección del colegio y de la Inspección sobre tres incidentes que sucedieron entre el alumno y sus compañeros de clase, en los que consideran que el menor "no fue agredido ni vejado por sus compañeros, excepto hechos puntuales no considerados agresiones ni vejaciones".

La conselleria ha señalado que la dirección del centro recibió a los padres y tomó medidas como organizar un horario especial para que la clase del alumno pudiese tener refuerzo en el aula y se organizó un taller con trabajos de habilidades sociales.

En el expediente de la Inspección Educativa se señala que no se ha detectado situación que provoque marginación, que el nivel relacional de los alumnos es normal y que el menor se siente integrado, y que el informe de la psicóloga presenta "dudas" por no haber realizado ninguna acción en el centro.

La conselleria ha explicado que el 18 de mayo de 2015 se dictó resolución en la que se desestimó la reclamación patrimonial por 16.800 euros, a la vista que según los informes no había acoso, ante el que los padres presentaron recurso en el contencioso-administrativo de Tarragona, que lo admitió parcialmente y los indemnizó con 3.820,83 euros.

El juez, sin embargo, señala en el fallo que no queda acreditado que la escuela tomara medidas como entrevistas con los padres de los menores que intervenían en las peleas o la aplicación de algún protocolo para minimizar los hechos, y remarca que la administración no adoptó "todas las medidas que hubieran sido deseables".