Escobar ha resaltado la importancia de transmitir a estos profesionales, y a la sociedad en general, las ventajas de usar la mediación intrajudicial en los conflictos relacionados con la seguridad vial como medio rápido, ágil y eficaz de resolución de los incidentes.

Esta iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración que la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia mantiene con el Colegio de Economistas para consolidarla mediación intrajudicial mercantil y contribuir a su difusión entre las empresas e instituciones de La Rioja.

Dotado con 10.000 euros, el acuerdo permite que el servicio de mediación en materia mercantil sea prestado por un equipo multidisciplinar integrado por profesionales del Derecho y de

la Economía con formación específica y adecuada en mediación mercantil intrajudicial, cuya actuación se rige por los principios de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad.

En este sentido, Conrado Escobar ha destacado que "el Servicio de Mediación Intrajudicial tiene como objetivo constituir un eficaz instrumento para dar solución a determinados litigios que, con su judicialización, se ven en ocasiones agudizados, sobre todo, en aquellos procedimientos en los que las partes tienen y van a seguir teniendo en el futuro intereses comunes".

PROCESO DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL MERCANTIL

Cabe señalar que el proceso de mediación intrajudicial consta de dos partes, primero se establece una sesión informativa presencial que se efectúa en un espacio determinado al efecto por el Gobierno de La Rioja y en la que se explica a las partes y a sus letrados la información necesaria y general del proceso de mediación.

En una segunda parte se lleva a cabo las sesiones de mediación que se efectúan en dependencias del Gobierno de La Rioja, debidamente adecuadas para la prestación del servicio, garantizándose la confidencialidad e intimidad de las partes.

El proceso de mediación, puede concluir con acuerdo o finalizar sin alcanzar dicho acuerdo, bien sea porque todas las partes o algunas de ellas ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones, bien porque haya transcurrido el plazo máximo acordado por las partes para la duración del procedimientos, así como cuando los mediadores aprecien de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables.