La ley establece una agencia independiente, adscrita a las Corts, para prevenir la corrupción y favorecer una cultura de buenas prácticas y de rechazo de la corrupción en el diseño y ejecución de políticas públicas. Este nuevo órgano estará dirigido por un director, que será elegido por el pleno de las Corts por mayoría de tres quintas partes para un mandato de siete años, y sus puestos de trabajo estarán ocupados por funcionarios de carrera.

Las investigaciones de la agencia se podrán iniciar de oficio como resultado de una investigación propia o a instancia de parte. La agencia prestará especial atención a la protección de las personas denunciantes y, por otro lado, el texto establece que las sanciones pueden llegar hasta los 400.000 euros.

Desde Podemos, partido impulsor de la ley, la diputada Fabiola Meco, ha explicado que esta agencia busca "prevenir, asesorar, investigar, combatir el fraude y la corrupción, proteger al denunciante y sensibilizar a la ciudadanía sobre la gestión indebida de fondos públicos".

Meco ha destacado que la ley da respuesta a una demanda de la ciudadanía que sitúa el fraude y la corrupción como segundo problema social por detrás del paro. Asimismo, ha criticado que la Comunitat, en legislaturas pasadas, "ha estado liderando el ranking de la corrupción en legislaturas pasadas", porque "los mecanismos de control" eran "sumamente insuficientes".

"QUE LA CORRUPCIÓNO NO ENCUENTRE ACOMODO"

Por parte del PSPV, Ana Barceló ha destacado que "es muy difícil cuantificar las pérdidas económicas sufridas a causa de la corrupción, pero sí conocemos el coste del descrédito político y la falta de confianza de los ciudadanos".

Ante esta situación, ha destacado que "los ciudadanos tienen que estar seguros de que trabajaremos para que la corrupción no encuentre jamás acomodo en esta Comunitat".

En esta línea, Barceló ha subrayado que la nueva agencia "va a reforzar la transparencia de la administración, a corregir prácticas, a investigar, a evitar fraude y a devolver el crédito y el prestigio a la noble tarea de gestionar lo público".

"LEY INAPLICABLE"

Por su parte, el 'popular' Luis Santamaría ha criticado que la proposición de ley no fuera acompañada de una serie de informes, y ha advertido de que "puede colisionar con otras instituciones o agencias de la administración". Además, ha señalado que puede ser "una ley inaplicable e incluso vulnerar derechos fundamentales".

"No se dan cuenta de que no por tener una ley va a ser eficaz", ha dicho Santamaría, quien ha destacado que "es necesaria una ley que en el ámbito de su actuación no se vaya a cuestionar". Asimismo, ha lamentado que se les dé más funciones a los funciones de la Agencia contra el Fraude que "a la Policía, a la Fiscalía o a la Guardia Civil".

El 'popular' también ha criticado el régimen sancionador, ya que se ha preguntado "qué tipo de conducta va a poder investigar si no están tipificadas". Por otro lado, ha denunciado que los grupos que sustentan al Gobierno hayan hablado que la nueva agencia vaya a contar con una partida de 1,5 millones de euros, "cuando estamos debatiendo los presupuestos y no sabemos nada".

MORERA, "AGENTE INMOBILIARIO"

Durante su intervención, Santamaría también ha criticado que el presidentes de las Corts, Enric Morera, haga de "agente inmobiliario" y "enseñe el pisito" -en referencia a un edificio adquirido por la Cámara en la calle Conde Trénor, en el que se dijo que podría albergar la nueva agencia-,

al portavoz de Podemos, Antonio Montiel. "La agencia es de todos" ha dicho Santamaría.

También ha destacado que las funciones de la agencia le recuerdan a la Gestapo. Al respecto, Ana Barceló ha criticado esta comparación y ha señalado que esto supone "desprestigiar la labor legislativa de esta Cámara".

Barceló se ha referido a la investigación por las conversaciones del ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y del director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en las que hablaban de buscar eventuales casos de corrupción que afectasen a ERC y CDC, y ha manifestado que eso sí es "impropio de un estado democrático y de derecho.

En su respuesta al PP, Fabiola Meco ha denunciado que los 'populares' "tiene en su mochila Brugal, Gürtel, Blasco, IVEX, Terra Mítica, Avialsa, Fitur, Canal 9, Valmor, Taula, Púnica y, para que no se ahoguen, ahora les llega el caso flotador". "Por ello, les invito a reflexionar y a que la ética acompañe a la estética", ha manifestado.

FOTOS Y TITULARES DE PRENSA

Santamaría, por su parte, ha desplegado en la tribuna de oradores del hemiciclo un largo documento con fotos y titulares de prensa de cargos socialistas y de Podemos investigados.

Entre ellos, los expresidentes de Andalucía

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE; o representantes de Podemos como Ramón Espinar, Rita Maestre, Javier Barbero o un senador por Lanzarote "condenado por tráfico de drogas", entre otros.

"Claro que estamos intentando sobrellevar los casos de corrupción, pero de ustedes lecciones ni una", ha manifestado Santamaría, quien ha señalado: "Algo estaremos haciendo bien cuando la gente vuelve a confiar en el PP". Barceló ha denunciado que "aludir a los votos para justificar la corrupción es corrupción ética".

El portavoz de Podemos, Antonio Montiel por su parte, ha destacado que hay cinco sentencias del Tribunal Supremo que señalan que "no ha habido financiación ilegal de Podemos a través de ninguna fundación, ni a través de ningún Gobierno extranjero". Por ello, ha advertido al PP: "No sigan haciendo acusaciones falsas, de delitos que no existen, porque si no incurrirán a lo mejor en responsabilidad penal".

"NOS HABRÍAMOS AHORRADO DINERO, IMAGEN Y MALESTAR"

Por su parte, la representante de Compromís Isaura Navarro ha dicho que la ley "deja muy claro de dónde venimos, pero sobre todo hacia dónde vamos", y ha resaltado que "si se hubiera creado antes esta oficina nos habríamos ahorrado dinero, imagen pública y tanto malestar, incertidumbre, despropósito que hemos sufrido".

Navarro ha valorado que el nuevo organismos tendrá "capacidad de acción" pero también de "proteger a quienes denuncian". Al respecto, ha dicho que en legislaturas pasadas "había mucho miedo de empleados públicos de denunciar irregularidades", y ha asegurado que incluso había que gente que "temía por su propia vida".

Desde Ciudadanos (C's), el parlamentario David de Miguel ha valorado la necesidad de este órgano porque ha criticado que en los últimos años ha habido "ausencia de control" y "ausencia de conciencia de lo que es la función pública".

"No nos gustaba la ley en su redacción original", ha dicho De Miguel, quien ha valorado que durante su tramitación "muchas carencias se han perfeccionado", por lo que "sí podemos votar a favor".