El consejero de Industria, Francisco Blanco, ha rechazado actuar "de forma precipatada", ante la recepción en la Junta General, de una serie de correos anónimos entre trabajadores de Gitpa y abogados que podrían revelar supuestas irregularidades en la gestión de la entidad. Ha asegurado, eso sí, que los servicios jurídicos del Principado tendrán en cuenta toda la información al respecto.

Blanco se ha referido a este asunto durante su comparecencia en la Comisión de la Junta General que investiga las supuestas irregularidades que rodearon la instalación de la línea de cable en la zona central y occidental de Asturias, por las que el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo ha abierto diligencias. Los señalados correos se recibieron el pasado viernes y fueron remitidos a la Fiscalía.

Ha rechazado el consejero dar su opinión sobre correos anónimos por entender que sería "improcedente o gratuito". Ante las críticas del diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, porque "ni siquiera se ha molestado en investigar", Blanco ha explicado que esos mensajes "los hemos recibido recientemente y tenemos que analizarlos".

"No voy a darlos por buenos el primer día que los recibo y sacar conclusiones. Acaban de llegar, habrá que tenerlos en la consideración que merezcan y habrá que tomar las decisiones que haya que tomar, pero no voy a darle una conclusión precipitada hoy por sus intereses políticos y mediáticos", ha respondido el responsable de Industria.

También ha defendido que en este proceso el servicio jurídico del Gobierno asturiano tardó una semana en personarse, tras la apertura de diligencias. Ha añadido también que se "utilizará toda la información relevante que haya aparecido en la Comisión parlamentaria", y ha recalcado que "no hay ningún interés en ocultar nada", por parte del Gobierno autonómico.

ADMITE ERRORES ADMINISTRATIVOS

Blanco ha admitido que en el caso de Gitpa "no se han seguido siempre de la mejor manera los procedimientos administrativos internos". Sin embargo, entiende que no hay "pruebas de malversación o que alguien se haya llevado dinero".

Por su parte, el exconsejero de Industria, Graciano Torre (estuvo en el cargo entre 2012 y 2015, periodo durante el que ocupó la presidencia del Consejo de Administración de Gitpa) ha defendido la labor de su administración ante la aparición de indicios de regularidades en la obra de Gipta.

Según ha recordado, en abril mayo de 2014 se pone de manifiesto que una parte de la línea de cable troncal no es propiedad del Principado, sino de FEVE, y "ahí es donde se empieza a mover todo". "En diciembre de 2014 la secretaria general técnica remite todos esos informes a la Fiscalía", ha añadido.

Ante las acusaciones de Cuervas Mons, Torre ha recalcado que "no es cierto que no se hizo nada". "Se analizó y cuando se consideró, se mandó a la Fiscalía", ha añadido. "¿Qué sentido tiene que el Principado haga una auditoría?", se ha preguntado el exconsejero, que ha reprochado al diputado del PP que pida que "la investigación correspondiente que debe hacer la justicia la haga el Principado".