Junto al funcionario han sido condenadas otras ocho personas por delitos de falsedad documental y estafa agravada y estafa básica a penas de entre seis meses de prisión y tres años por ser quienes realizaban los cobros de los mandamientos. Entre los nueve condenados deberán indemnizar al juzgado afectado con la devolución de los 203.550 euros que sustrajeron.

Según la sentencia que ha dado a conocer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) este miércoles, el principal condenado accedió desde su condición de funcionario a la cuenta y a las claves del juzgado, que solo conocía la Secretaria, y realizó hasta "40 mandamientos de pago indebidos" entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 por valor de esos 203.550 euros.

Para ello, determina la sentencia en los hechos probados, el funcionario "bien de su puño y letra, bien valiéndose de otro, falseó la firma de la Secretaria Judicial" para dotar "de apariencia de autenticidad y poder así cobrarlos bancariamente".

La investigación arrancó de la denuncia de la propia secretaria judicial al tener constancia de los mandamientos falsos. El funcionario reconoció los hechos y declaró que la secretaria era partícipe de la trama junto a otro funcionario. Sin embargo, el funcionario se contradijo con respecto a su primera declaración en la que aseguró que ni la secretaria ni el magistrado titular estaban al corriente y da "mayor credibilidad" porque carecen "absolutamente de racionalidad" que una persona implicada denuncie los hechos.

Los otros ocho condenados reconocieron ante el tribunal que recibieron los mandamientos en algunas ocasiones bajo el argumento de que el funcionario formaba parte del CNI y de los cuerpos de Seguridad del Estado y que pagaba "soplones" y en otros casos, para el cobro de deudas de la administración con empresas de las que el funcionario era socio. Asimismo, entre los condenados estaba la exmujer y una expareja del funcionario.

Por ello, la Audiencia entiende que todos eran "conocedores" del cobro de mandamientos de los que figuraban "como beneficiarios" a pesar de no tener "crédito alguno que pudiera justificar el libramiento a su favor, presentándolo al cobro".

Considera, además, que en el caso del funcionario se da la agravante de valerse de su cargo como "interino" para "rapiñar los fondos públicos del juzgado" ya que "abusó de la confianza depositada por la sociedad, poniendo su carácter público al servicio de sus propósitos criminales" y "en lugar de servir al cargo, se sirvió de él para delinquir".