El Ministerio Fiscal sostiene que, en el año 2000, XXX y la acusada abrieron una cuenta bancaria en Mieres. El propósito de esa cuenta era domiciliar en ella el importe de la pensión de la Tesorería General de la Seguridad Social de XXX, que se encontraba en prisión, de forma que la acusada fuera extrayendo el dinero y enviándoselo a XXX al centro penitenciario donde se encontraba.

Este acuerdo funcionó sin problemas hasta octubre de 2014. Entre el 3 de noviembre de 2014 y el 25 de junio de 2015, la acusada efectuó veinte reintegros en efectivo de la cuenta, por un importe total de 8.442,23 euros y, en vez de remitírselos a XXX, se los quedó. Durante esos siete meses, XXX estuvo preso y no percibió en consecuencia cantidad alguna de su pensión.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida del artículo 252 en relación con el 249 y 250.1.4º del Código Penal, en su redacción anterior a la reforma de Ley Orgánica 1/2015. Y solicita que se condene a la acusada a 3 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 7 meses, con cuota diaria de 8 euros (1.680 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y abono de una indemnización a XXX de 8.442,23 euros, más los intereses legales.

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