El PP rechaza ayudas para que hogares vulnerables paguen la energía porque lo cubre el catálogo de servicios

  • El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado este miércoles una proposición no de ley (PNL) del Grupo Podemos que sí ha sido respaldada por el resto de los grupos y que perseguía establecer el acceso a una serie de prestaciones económicas, compatibles con otras básicas, en forma de ayuda para el pago de la factura de los suministros de electricidad y gas que palie la pobreza energética en los denominados hogares vulnerables.

Según ha argumentado la procuradora 'popular' Irene Cortés, aunque la situación que viven las personas vulnerables no es satisfactoria, "no es menos cierto" que algunas circunstancias ya han mejorado tras la salida de una crisis que, según ha lamentado, algunos partidos no quieren asumir en un "discurso fácil".

La procuradora del PP ha recordado que para el Gobierno de Juan Vicente Herrera las personas ocupan el primer puesto para lo que se ha diseñado un catálogo de servicios sociales que atiende las necesidades básicas, como los suministros básicos de subsistencia, y que permite afrontar pagos de alimentación, suministros, alquileres o hipotecas a través de una gestión "ágil" que responde al "carácter de urgente necesidad", lo que la ha llevado a rechazar la iniciativa de Podemos.

Ante estas aseveraciones el procuradora proponente, Ricardo López, ha recordado que es Cáritas la que asume la responsabilidad que no asume la Junta para augurar que la situación de las familias en situación de pobreza y que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada -el 6 por ciento- se agravará en 2016.

Según los cálculos de Podemos, en Castilla y León serían suficientes 25 millones de euros para acabar con la pobreza energética que sufren las personas que viven en esos hogares vulnerables y a los que los recursos de la Administración no llegan en una tercera parte.

Por parte del Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, de IU, ha dado el "más firme apoyo" de su partido para tratar de solucionar "un problema de gravedad" que tiene "desgraciadamente más actualidad que nunca" en una Comunidad además en la que, en su opinión, no se apuesta por muchos recursos energéticos mientras se permite la "especulación" de algunas empresas en las que se ha establecido el sistema de "puertas giratorias" de control.

"Todo ciudadano tiene que tener derecho a unos mínimos vitales con dignidad", ha defendido Sarrión, quien ha compartido con Podemos la necesidad establecer una ayuda para familias que, en la actualidad, tienen que elegir entre comer, poner la calefacción o tener un techo algo "absolutamente inaceptable" ya que además tiene consecuencias para la salud de las personas. "Seguiremos luchando juntos hasta ser capaces de acabar con esta tragedia", ha sentenciado.

En el caso de Ciudadanos, José Ignacio Delgado ha expresado la "preocupación" de su grupo ante el problema de la pobreza energética, de actualidad en lo que ha considerado "un mal día" además por la victoria de Donald Trump en EE.UU.

Dicho esto, el procurador de la formación naranja ha dado el visto bueno a una propuesta "justa" de Podemos pero ha parafraseado a Miguel de Cervantes para reclamar que se "predique con el ejemplo" ante algunos "abusos" en algunas subvenciones. "Hay que tener más ética y más dignidad que nunca porque los recursos son de todos", ha añadido.

"Nos gusta esta PNL porque se remite mucho a los informes sociales", ha admitido Delgado ante la falta de informes que avalan la pobreza energética que lleva en muchos casos a incendios y a acabar con la vida de muchas personas. "Es muy lamentable que familias que no tienen para pagar la calefacción acaben con el mal uso de leña para calentarse poniendo en peligro su vida propia. No estamos haciendo bien las cosas", ha concluido el procurador de Ciudadanos.

También ha dado el visto bueno el Grupo Socialista aunque la procuradora Ana Muñoz de la Peña

cree que la PNL de Podemos se queda corta y es "escasa e insuficiente" frente a anteriores propuestas del PSOE que pasaban por garantizar un consumo mínimo de subsistencia o fijar la tarifa social en función de los ingresos y no de las fluctuaciones del mercado y para evitar la caridad y garantizar los derechos, a lo que ha sumado la necesidad de prohibir que se corte el suministro.

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