Echávarri ha indicado que si se interpone un incidente de ejecución provisional por parte de los centros, el equipo de Gobierno decretará como ZGAT la zona estrictamente vinculada a los comercios demandantes. Así, ha advertido de que se delimita porque, en caso de abrir a toda la ciudad, se otorgarían "ventajas competitivas" a centros comerciales con los que no se ha negociado.

En una rueda de prensa para valorar la sentencia conocida este martes, Echávarri ha rechazado valorar la resolución aunque ha considerado que, con ella, se generan tres situaciones de desigualdad en tanto que los centros comerciales renunciaron a pactar con el Ayuntamiento una mejora de las condiciones de sus trabajadores a cambio de ser declarados como ZGAT, como sí hizo El Corte Inglés en la avenida de Maisonnave.

En ese sentido, ha reconocido que la ZGAT que se aprobó "coincide territorialmente con la preexistente" pero para la que se logró que "los derechos de los trabajadores fueran mejorados sustancialmente". "Sale aprobado por una inmensa mayoría", con el voto favorable de 10 de las once asociaciones de consumidores y comerciantes y de los partidos políticos, a excepción de Ciudadanos y Guanyar Alacant, que votaron en contra.

Sin embargo, con la sentencia, a juicio de Echávarri, se vuelve a una situación "de tremenda desigualdad, donde unos tienen más ventajas que otros" y ha recalcado que de las cuatro posibles zonas ZGAT "en una concilian y generan empleo -en referencia al acuerdo con El Corte Inglés por el que sus empleados no trabajarán más de 11 festivos al año-, y otras tres no concilian y no generan empleo".

"Y por supuesto estos tres operadores vuelven a competir con extrema ventaja con el pequeño comercio, que tiene que pagar horas extras", si quiere abrir en festivos y domingos, ha seguido. Por ello, ha recalcado que la política comercial se crea "desde la ciudad" de Alicante y no desde los operadores comerciales, "desde el Ayuntamiento donde los ciudadanos nos han dado la mayoría. Si hay operadores comerciales que entienden que su cuenta de resultados está por encima de la voluntad de la ciudad ahí están los tribunales y nos defenderemos hasta el final".

A ese respecto, ha matizado que se defenderán los derechos de los trabajadores "dentro de las grandes superficies y al pequeño comercio en toda la ciudad" y ha agregado: "no se puede consentir que intentando solucionar una desigualdad, vayamos a una desigualdad mayor que la inicial".

NEGOCIACIÓN

Gabriel Echávarri ha abierto la puerta a seguir negociando con los tres operadores comerciales pero ha mantenido las condiciones: "Si quieren abrir once festivos y generación de empleo. Y vamos a recurrir hasta el final", ha avisado.

Asimismo, ha indicado que el acuerdo con El Corte Inglés se mantiene y ha detallado, no obstante, que en caso de que los operadores pidan la ejecución cautelar de la sentencia la apertura no sería inmediata si no que se iniciaría el expediente para elevar al Consell las tres nuevas zonas delimitadas a los centros comerciales y ha calculado que ese proceso tarda "unos 8 a 9 meses".

Preguntado sobre la existencia de posibles responsables de la situación generada, Gabriel Echávarri ha negado que se tengan que "buscar culpables" y ha afirmado: "desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón. No estoy contento, quizás no fui capaz de ser convincente".

Por otra parte, ha tachado la normativa de Zona de Gran Afluencia Turística de "perversa" porque "utiliza un trámite con acepción turística para una política comercial" y ha señalado: "viene viciado de origen porque es una legislación estatal, impuesta a la Comunitat Valenciana que con el Gobierno del PP que estaba a otras cosas, visitas del Papa y Fórmulas 1, no impugna la invasión de competencias".

"El Estado no tiene competencias en turismo ni en comercio y regula en nuestra comunidad sobre comercio y sobre turismo", ha continuado. Por ello, preguntado al respecto, ha opinado que él no es "nadie" y que "hay muchas personas más sabias" pero ha propuesto a la Conselleria: "si estamos en plazo deberíamos acudir al Tribunal Constitucional porque hay una invasión de competencias".