El texto, que se aprobará en el próximo pleno con motivo del día internacional contra la violencia de género, insta al Gobierno central a dotar a los ayuntamientos de fondos para combatir esta lacra social y a cambiar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para que abarque todas las formas de maltrato a la mujer.

La moción consensuada por PSOE, PP, En Común, Ciudadanos, CHA y Partido Aragonés (PAR) parte de la base de que hay que seguir reforzando y mejorando la respuesta frente a la violencia machista. Para ello, apuesta por abundar en las campañas de sensibilización ciudadana y por dedicar más presupuesto a las políticas de prevención.

Además, subraya que, aunque la ley específica promulgada en 2004 supuso "un avance considerable", doce años después esa norma necesita "una actualización" para incluir en ella ámbitos como la violencia en ámbitos como el laboral o el personal no afectivo, la trata de blancas o la mutilación genital femenina.

El texto también recuerda que hay que adaptar la ley al Convenio de Estambul para incluir a los menores de edad víctimas de la violencia machista, ha señalado la institución provincial en una nota de prensa.

Los grupos de la Diputación de Zaragoza consideran que, para ser eficaz, la lucha contra la violencia de género debe llevarse a cabo desde la administración más cercana a los ciudadanos. Por eso, han acordado impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género y la detección y el apoyo a las víctimas y a sus hijos.

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA SUFICIENTE

También desean potenciar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos; y reclamar que los ayuntamientos y entes locales, en el ámbito de sus competencias, puedan desarrollar actividades en materia de igualdad y violencia de género con dotación presupuestaria suficiente.

En este sentido, la moción insta al Gobierno central a dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género dependientes tanto de las Comunidades autónomas como de los ayuntamientos.

Asimismo, le pide crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para impulsar el papel que deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y los centros de la mujer en el desarrollo y el cumplimiento de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

ACOMPAÑAMIENTO JUDICIAL PERSONALIZADO

El texto también insta al Gobierno central a poner en marcha el acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible a las mujeres víctimas de violencia de género la información sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido en los tribunales; a establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.

A activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género; a incorporar al currículo la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas; a poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.

Por último, a estipular la obligatoriedad de que tanto los jueces como los abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan formación específica en la materia impartida por una institución acreditada; y a ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer.