El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez Cortés, entiende que las obras en la carretera AV-562, que se realizaron sin Declaración de Impacto Ambiental y sin respetar las prescripciones impuestas por la Junta de Castilla y León durante
el periodo de cría de la cigüeña negra, deben llegar a juicio por un presunto delito contra el medio ambiente.

Así lo manifestó ayer después de que prestaran declaración como testigos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila el delegado territorial de la Junta, Francisco José Sánchez, y los jefes de Fomento y Medio Ambiente, Luis Enrique Ortega y Juan Manuel Pardo, respectivamente.

Hay muchas posibilidades de ir a juicio por el incumplimiento de las prescripciones

 

Ante el juez Miguel Angel Pérez Moreno -el mismo que lleva el caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués- ya han comparecido como imputados el director general de Carreteras de la Junta, Luis Alberto Solís, y los responsables de la empresa adjudicataria, la subcontrata y la cuadrilla que realizó la tala.

Están pendientes aún las comparecencias como testigos del alcalde de Cebreros, Ángel Luis Alonso, y el administrador de la empresa encargada de las obras, fijada para este miércoles.

Tras ello, concluirá la instrucción, aunque el fiscal ya ha anunciado que "habrá que pedir algún documento". Después será el juez el que decida si se archiva la causa o llega a juicio. En este sentido, Gómez Cortés aseguró que "hay muchas posibilidades de ir a juicio por el incumplimiento de las prescripciones" que fijó la Administración regional para evitar la Declaración de Impacto Ambiental y que no se respetaron. 

Pueden cambiar los imputados 

En todo caso, advirtió que "quizá quienes han comparecido ahora como imputados no lo sean finalmente y sean imputados otros que no han declarado todavía o lo han hecho como testigos".

Al respecto, el fiscal señaló que tanto al delegado territorial como a los jefes de Fomento y Medio Ambiente el juez les había advertido de que "si alguna pregunta podía suponer para ellos una implicación que fuera contra su presunción de inocencia, podían negarse a contestar, se cambiaría su condición de testigos a imputados y se señalaría otro día, pero ese supuesto no se ha producido".

 

Hay un hecho objetivo indiscutible que es que se han llevado a cabo obras no permitidas durante una época en que estaban absolutamente prohibidas

El primero en declarar fue Francisco José Sánchez, quien, a su salida de los juzgados, tras poco más de media hora, sólo manifestó que "las únicas declaraciones que había que hacer se han hecho ahí dentro". Posteriormente fueron interrogados, también como testigos, Ortega y Pardo, este último durante cerca de dos horas, durante las que respondió "sólo a preguntas de la acusación particular", según explicó después el fiscal.

 

Por su parte, el abogado de la acusación particular y secretario general del PSOE, Pedro José Muñoz, anunció que, una vez concluya esta primera fase de declaraciones, se presentarán nuevas pruebas documentales y audiovisuales, con las cuales se estudiará si se piden nuevas imputaciones.

En su opinión, "hay un hecho objetivo indiscutible que es que se han llevado a cabo obras no permitidas durante una época en que estaban absolutamente prohibidas por la propia decisión de la Junta, que fijó unas medidas correctoras para no llevar a cabo una Declaración de Impacto Ambiental y no las cumplió".

Pero el PSOE, que está personado como acusación particular junto al Colectivo Cantueso, pretende también determinar responsabilidades por la actuación que se llevó a cabo en el monte público de Cebreros porque, a su juicio, "talar diez metros a ambos márgenes no está cubierto por la legalidad".

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