Bravo se ha pronunciado en estos términos durante su intervención este lunes en las jornadas 'Un nuevo empleo público para el siglo XXI', donde se presentan las conclusiones de los informes elaborados para abordar la futura reforma de la Ley de la Función Pública Valenciana.

La consellera ha destacado que el empleo público "juega un papel central, relevante, pero muy complejo" y ha agregado que el marco institucional que regula este sistema "debe" asegurar dos grandes objetivos: disponer de una fuerza laboral cimentada en el principio del mérito y capacidad; y dotar a los servicios públicos de instrumentos que aseguren su calidad.

Para lograr estos propósitos, ha explicado que el Consell ha contado con el trabajo de expertos que han asesorado para esbozar un plan de actuación encaminado a la futura Ley de la Función Pública Valenciana.

En lo que al marco legal atañe, el Gobierno valenciano prevé cambiar los aspectos más disfuncionales y respetar aquellos puntos que han demostrado su eficacia. No obstante, por seguridad jurídica, se hará un proyecto nuevo en función pública.

En segundo lugar, pondrá el énfasis en el sistema de oposición libre, basado en la vigencia efectiva de los principios de mérito y capacidad, como modo de acceso ordinario a la función pública. "Queremos un sistema de carrera horizontal apoyado en la evaluación del desempeño profesional del empleado público y no en la mera antigüedad", ha resaltado la consellera.

LIBRE DESIGNACIÓN

Además, se pretende reducir el uso de la libre designación como mecanismo de provisión de puestos de trabajo para limitar la discrecionalidad política; y proteger a los funcionarios que hagan frente a corruptelas e irregularidades. "También tenemos que optimizar y renovar las plantillas para dotar a la Generalitat de los efectivos adecuados", ha agregado.

Al respecto, ha dicho: "Es necesario innovar la gestión pública, actualizar los mecanismos tradicionales de selección para hacer efectivo ese principio moderno que es la igualdad de oportunidades. El mérito y la capacidad deben ser prioritarios no solo en el empleo ordinario, sino también en el temporal e interino. Ello requiere mejorar los órganos de selección e introducir de manera realista y progresiva sistemas de evaluación del rendimiento del empleado público", ha advertido.

Un papel "central" le está reservado al IVAP -ha indicado-, que "debe evolucionar hasta convertirse en un órgano que acompañe a la Dirección General de Función Pública en su apuesta por la profesionalidad y la innovación".

También, ha añadido, hay que territorializar el empleo público, lo que requiere asegurar la competencia lingüística en valenciano del personal empleado público, pero también establecer mecanismos de cooperación, colaboración e intercambio entre los diversos niveles administrativos, hacia dentro de la Generalitat, y hacia fuera, con las entidades locales, "cosiendo el territorio", en palabras del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reproducido.