La protesta forma parte de una jornada de movilizaciones convocadas en Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y la campaña TTIP/CETA No. La iniciativa, a su vez, forma parte de la campaña europea 'Otoño en resistencia' contra estos acuerdos.

La manifestación, respaldada por alrededor de un millar de personas, a partido de la calle Conde Oliveto, en la antigua estación de autobuses, y ha transcurrido por la Plaza Príncipe de Viana, Merindades, Avenida Carlos III para terminar en la Plaza del Castillo. Se han coreado consignas como 'No a la dictadura de los mercados' o 'Tratados comerciales, acuerdos criminales'.

En declaraciones a los periodistas, Amaia Zufía, representante de la Carta de Derechos Sociales, ha afirmado que el TTIP y el CETA "van en contra de nuestros derechos sociales y los intereses de la mayoría de las personas y no los queremos en nuestras tierras".

Zufía ha criticado que estos tratados "se están negociando de manera totalmente antidemocrática, sin debate social y sin preguntar a la mayoría de la población" y ha asegurado que "mediante la presión social se puede parar".

Por su parte, Carlos Mira, de Podemos, ha destacado que "hay multitud de plataformas, colectivos, organizaciones políticas y sindicales que han hecho unión de fuerzas" que en Navarra se ha traducido en la presentación de mociones en varios ayuntamientos, la instalación de puestos de información y una manifestación anterior que se celebró en el mes de mayo.

Al término de la manifestación, en la Plaza del Castillo, se ha leído un manifiesto que advierte de que los tratados como el TTIP y CETA "otorgan al capital financiero y a las multinacionales las garantías jurídicas necesarias para controlar en su propio beneficio la economía, el medio ambiente, las leyes, los derechos de las personas y hasta la propia vida".

"La democracia es sustituida por la dictadura del capital y todas las personas pasamos a ser esclavos de un sistema regido por multinacionales y especuladores sin escrúpulos", alerta el texto que reclama "otro modelo de relaciones económicas".

"Los gobiernos están obligados a defender el bien común, así como a garantizar los derechos y necesidades de las personas y no a los beneficios de las empresas", resalta el documento que afirma que "a los pueblo, les corresponde el derecho a decidir su propio modelo económico, social, político e institucional".