El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad la ley de reducción de la pobreza energética que, entre otras cuestiones, dispone que no se corte el suministro de electricidad, agua y gas en hogares vulnerables donde se ha producido un impago, para lo que se establecen ayudas por parte del Gobierno autonómico y convenios con las compañías distribuidoras.

El texto es fruto de una propuesta de Podemos, cuyo diputado, Nacho Escartín, ha sido el coordinador de la ponencia que ha debatido en ocho sesiones las 51 enmiendas presentadas por los grupos, de las que finalmente tres han sido retiradas, dos aprobadas por unanimidad y 45 transaccionadas. De estas últimas, 38 ha sido aprobadas por todos los grupos y en siete ha habido algunas abstenciones.

Para el debate definitivo en el pleno se ha mantenido una enmienda de IU, que ha sido rechazada, y que proponía crear una entidad pública de comercialización energética como herramienta de lucha contra la pobreza energética.

Escartín ha enfatizado que "si hay voluntad política, podemos encontrar en este parlamento soluciones dentro del ámbito de competencia autonómico", en este caso con el objetivo de que "a ningún aragonés le corten la luz por estar pasándolo mal a nivel económico", un problema que "afecta a miles de familias".

A su entender, este es un "paso histórico en el reconocimiento de los derechos sociales" y se hace teniendo en cuenta "criterios de renta y de necesidad acreditada por los servicios sociales comarcales y municipales", así como "de progresividad", unas ayudas "que se van a priorizar" por lo que es una norma "posible y justa, que genera derechos y no discrimina".

La diputada del PP, Dolores Serrat, ha manifestado que el texto de la ley "se ha modificado mucho" respecto al inicial tras su tramitación en las Cortes y ha subrayado que se han introducido "criterios objetivos" para que los servicios sociales determine los beneficiarios de las ayudas para garantizar el servicio básico de agua, electricidad y gas para los hogares vulnerables, además de que se han incluido "medidas de prevención y eficiencia energética".

MEJORAR LA SITUACIÓN

La parlamentaria del PSOE, Pilimar Zamora, ha sostenido que "las Comunidades pueden mejorar la situación de las familias ante la ausencia de políticas por parte del Gobierno central", si bien ha reclamado de este último "que regule un nuevo marco de cobertura que garantice mínimos de subsistencia apostando por este derecho social básico", con una tarifa social.

El diputado del PAR, Jesús Guerrero, ha precisado que son cerca de 7.000 los hogares aragoneses que sufren pobreza energética y el objetivo de la ley es "buscar soluciones factibles", para abogar "no solo por subsidios y ayudas", sino por medidas "a medio y largo plazo" para "atajar de raíz el problema" y "tener un mercado de energía con precios muchos más baratos", así como lograr la eficiencia.

La diputada de C's, Desiré Pescador, ha comentado que hasta ahora las Administraciones "no han dado una respuesta adecuada" a la pobreza energética, que afecta a hogares que en su mayor parte tienen a sus miembros con un paro de más de dos años y sin prestaciones por lo que "el empleo permitiría salir del riesgo de vulnerabilidad y pobreza energética".

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha señalado que el objetivo es contribuir a "reducir las graves desigualdades por las políticas llevadas a cabo con la excusa de la crisis", en concreto "reducir la pobreza energética desde el techo competencial de Aragón", si bien también hace falta que el Congreso legisle en esta materia, mientras que el Gobierno de la Comunidad "está dando respuesta a las necesidades de los hogares desde el inicio de legislatura".

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha estimado que esta es una "ley de todos, de este Parlamento, para garantizar que en Aragón ningún domicilio vaya a ver este invierno que se le puede cortar el agua, la luz o el gas", fruto de que "vivimos en una sociedad con niveles de pobreza intolerables" y ha abogado por "un cambio de modelo" y "garantizar la soberanía energética", que era el objetivo de su enmienda, ha dicho.

DIFUSIÓN PUBLICITARIA

El pleno de las Cortes ha aprobado otra ley para conceder un suplemento de crédito para la financiación de actuaciones de difusión publicitaria con el apoyo de todos los grupos, PP, PSOE, PAR, Ciudadanos y grupo mixto -CHA e IU-, salvo Podemos, que ha votado en contra.

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha explicado que el objetivo es incrementar en 500.000 euros la partida de un millón de euros y poder realizar campañas de información sobre becas, vacunación de la gripe, contra el acoso escolar, por el uso racional de los recursos sanitarios, para la donación de sangre y para favorecer el comercio, entre otras cuestiones.

Esta partida en 2014 estuvo dotada con 3,8 millones de euros y con 2 millones en 2015, si bien se ejecutaron ese año 1,5 millones, la misma cifra que se aportará en 2016 con esta modificación. Ha añadido que "los recursos salen" de partidas de la Corporación Empresarial pública, que ha obtenido "ingresos por venta de suelo que no estaban previstos".

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha expresado su apoyo porque "se trata de campañas importantes" con las que su grupo "está de acuerdo", si bien ha afeado a Gimeno que sea "chapucero" en la presentación del texto legislativo porque "en el expediente no figuran las campañas", se menciona que son relativas a servicios sociales, sanidad y educación, pero en el articulado "no se habla más que de difusión publicitaria".

El socialista Alfredo Sancho ha esgrimido que "nunca se había destinado tan poco dinero a la publicidad" y "nunca" la reducción había afectado la referida a los servicios públicos, con objetivo es "garantizar" el acceso a los mismos y "la igualdad de oportunidades" y además de las mencionadas ha dicho que también las hay sobre consumo sostenible y alimentos de Aragón.

NO ES URGENTE

El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha manifestado que "no nos parece que se trate de temas de urgencia" y "los escogidos no son inocentes", ya que hay una para que "los aragoneses conozcan la grandeza del Día de la Constitución" y otra para la difusión de Aramón.

Ha recordado que el decálogo suscrito por su formación para apoyar la investidura de Javier Lambán sitúa por delante "poner al día las ayudas sociales" de la Comunidad antes que incidir en gastos de protocolo o difusión y "todavía no se ha puesto al día el pago a la dependencia", ha señalado.

La parlamentaria del PAR, Elena Allué, ha opinado que esta ley es "otro parche a este presupuesto mal hecho, mal planificado, mal gestionado", para "arreglar el desaguisado" realizado por PSOE, Podemos, CHA e IU, y ha pedido al Gobierno "más responsabilidad y criterio cuando traiga el borrador de nuevos Presupuestos, si es que lo trae".

El diputado de C's, Javier Martínez, ha considerado que las campañas que se van a financiar "son relevantes" y "sociales" por lo que el destino de esta modificación "es el correcto", y también el origen de los fondos, para lamentar el "postureo" de Podemos hacia unos presupuestos "que son suyos" y ofrecer la mediación de su grupo para que "la Comunidad tenga ya unos presupuestos serios y responsables".

El parlamentario de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha recordado que en 2010 se destinaron 14 millones a esta partida, por lo que "ha cambiado absolutamente" y ahora se pide una modificación para campañas destinadas a "hacer pedagogía a la ciudadanía", darles a conocer derechos y obligaciones, difundir becas y "defender el territorio".