En nota de prensa, la organización ha negado que exista "un entramado financiero ilegal para financiarse en base a las ayudas al asesoramiento agrario provenientes de la Unión Europea"; y ha explicado que "esas ayudas llegaban de Bruselas directamente a los agricultores, los cuales pagaban a la organización por los servicios y trabajos desarrollados para la redacción de los informes del asesoramiento, que realizaban los técnicos que trabajan para la organización".

UPA-UCE ha asegurado que "no se ha producido ningún engaño a ningún afiliado", ya que "eran ellos, a título personal, los que recibían la subvención en sus cuentas bancarias y luego se transfería con todos los justificantes a la organización por los servicios prestados". Servicios que "efectivamente fueron realizados en su totalidad y cuyos expedientes están entregados en la propia Consejería de Agricultura", añade.

De igual modo, indica que en los años a los que se refiere la investigación (2013-2015) UPA-UCE "estableció un mecanismo para que los agricultores no tuvieran que adelantar el dinero de los informes de asesoramiento, informes que a su vez eran necesarios para cumplir con todos los requisitos de la Política Agraria Común".

Por ello, ha apuntado que "los productores recibían una transferencia con el importe de la subvención que después devolvían a la organización una vez recibían la ayuda y se realizaba el asesoramiento".

Asimismo, la organización agraria ha rechazado también "las formas en las que el Instituto Armado ha desarrollado la operación"; y ha pedido "la liberación inmediata de las personas que siguen detenidas".

Además, ha mostrado "confianza en la Justicia" y en que "pronto se aclarará todo"; al tiempo que ha indicado que "no" descarta "nada para limpiar el buen nombre de una organización que trabaja desde hace más de 30 años defendiendo, ayudando y prestando servicios a agricultores y ganaderos de toda España".