"Desde el Observatorio consideramos esta sentencia como ejemplar, en unos tribunales españoles que son poco dados a condenar con penas notables las agresiones a personas LGBT, y además reconociendo el agravante de odio, que aún estando en el Código Penal es aplicado por los jueces a cuentagotas", han señalado en un comunicado.

El director del Observatorio Español contra la LGBTfobia, Paco Ramírez, ha agradecido a la Fiscalía malagueña, "especialmente a la fiscal especializada en Delitos de Odio en la provincia de Málaga, María Teresa Verdugo, el trabajo realizado para que se aplicara el agravante de odio por identidad sexual en este caso", ya que, han recordado, el fiscal "lo había ignorado en primera instancia".

"Tenemos la esperanza de que por fin en España, agredir a una persona por su orientación sexual o su identidad de género, no constituya un delito menor con sentencias ridículas o incluso la gratuidad e impunidad de muchos agresores", ha continuado Ramírez, quien ha considerado "una incógnita" la condena a los otros dos implicados en los hechos, menores de edad, "donde la legislación española es demasiado laxa".

Al respecto, ha indicado que "no podemos permitir que jóvenes menores, pero mayores de 16 años no sean condenados con igual contundencia y ejemplaridad", apostando por que "la minoría de edad no implique ni total impunidad ni los castigos tan leves a los que estamos habituados por la legislación española en el caso de menores de edad".

Han insistido en la aprobación de un protocolo específico de actuación judicial en casos que afecten a personas LGBT y otras minorías objeto de odio, añadiendo que "a las condenas usuales, un trabajo comunitario con las organizaciones de víctimas debería ser otro recurso más a añadir para corregir estos comportamientos inaceptables, y sobre todo para que la información y la cercanía mejore el conocimiento y la empatía".

Ha advertido de que las nuevas tecnologías "se están convirtiendo en un campo de batalla donde el odio campa a sus anchas, sin que las fuerzas de seguridad y la legislación lo esté controlando de una forma sistemática", exigiendo que las redes sociales "se impliquen de forma más directa en la lucha contra el odio en el ciberespacio, y que impongan normas más estrictas para evitar este tipo de contenido".

Asimismo, Ramírez ha finalizado agradeciendo "el esfuerzo de determinados colegios de Abogados, como el de Madrid que ha sido pionero en la creación y promoción de los turnos de oficio de abogados especializados en delitos de odio, y que han seguido otros, como Málaga o Córdoba".