Un juez de Rubí (Barcelona) ha enviado a prisión sin fianza al violador reincidente Tomás P., que el pasado sábado supuestamente violó a una mujer y la intentó matar en Igualada cuando disfrutaba de un permiso penitenciario de tres días.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza por los delitos de detención ilegal, robo con violencia, agresión sexual, asesinato en grado de tentativa y estafa.

Tomás P., de 45 años, cumple actualmente condena en la cárcel de Ponent de Lleida, en régimen de segundo grado, por una violación cometida en octubre de 2002, por la que en 2005 fue condenado por la Audiencia de Barcelona a 26 años de cárcel.

El juez de vigilancia penitenciaria le concedió un permiso de tres días, que finalizaba este lunes a las 16.00 horas, según las fuentes. Se trata del tercer permiso de estas características que se le concedía para salir de prisión, ya que el primero lo obtuvo durante tres días del pasado mes de julio y el segundo en septiembre pasado, también de tres días, sin que conste que se produjera ninguna incidencia.

Además, en su día a día en prisión se le había concedido el permiso 100.2, muy habitual en el régimen penitenciario, que le permitía salir a trabajar en un taller exterior, en este caso el Centro de Producción de Raimat, muy cerca de la cárcel, gestionado por el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). El interno seguía voluntariamente el programa de tratamiento específico para condenados por violencia sexual, según las fuentes.

Pardo fue detenido por los Mossos d'Esquadra el domingo en Igualada (Barcelona), después que el día anterior supuestamente abordó a una mujer en esta localidad y se la llevó hacia una zona boscosa de Castellbisbal (Barcelona) -situada a unos 45 kilómetros-, donde la violó y la intentó matar a navajazos.

La policía catalana se puso tras la pista de Pardo gracias a que su sobrino intentó sacar dinero de un cajero automático con la tarjeta de crédito que le había sustraído a la víctima.

El sobrino, menor de edad, no pudo sacar dinero, ya que el cajero se quedó la tarjeta, si bien esta actuación fue clave para que los Mossos d'Esquadra pudieran centrar sus sospechas sobre Pardo, que antes de ser detenido intentó huir campo a través, según han informado fuentes cercanas al caso.

Cuando los equipos de emergencia acudieron a la zona boscosa a rescatar a la mujer, que había podido avisar por teléfono pese a quedar malherida, ésta les aseguró que el violador le confesó que la tenía que matar porque tenía antecedentes por hechos parecidos, según las fuentes.

Por su parte, el subdirector general de Rehabilitación de la Generalitat, Carles Soler, ha negado errores en dicho caso y ha defendido que lo que ha fallado es "la parte imprevisible que tiene la conducta humana".

Soler ha advertido que los profesionales encargados de evaluar el riesgo de reincidencia no pueden saber "al cien por cien qué es lo que pasa por la cabeza de una persona las 24 horas del día", por lo que cree que la concesión del permiso al violador reincidente no fue un error.

Según Soler, en el caso de este recluso se aplicaron las políticas de rehabilitación que el Departamento de Justicia viene desarrollando desde hace veinte años y que sabe que "funcionan".

No obstante, el responsable de Rehabilitación ha admitido que es posible que a los profesionales de Prisiones se les haya "pasado por alto alguna información", algún indicio que apuntara a que esa persona tenía riesgo de reincidir.

Por ese motivo, ha anunciado que, como ante cualquier otro incidente, el Departamento de Justicia llevará a cabo un "análisis a fondo" de lo sucedido, con el propósito de evaluar si los pasos que se han dado han sido los correctos y diseñar "mejoras" para el futuro de los programas de rehabilitación y la gestión de los permisos.

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha recordado este miércoles que hasta tres equipos de profesionales diferentes de tres centros penitenciarios distintos validaron en su día los permisos a los que accedió el violador reincidente detenido este fin de semana por volver a agredir sexualmente a una mujer.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde ha expresado "el máximo dolor" del Ejecutivo catalán por la agresión, y la máxima solidaridad con la víctima, a la que el violador agredió durante precisamente uno de los permisos.

"Nada de lo que podamos decir, de las explicaciones que se dan y se continuarán dando desde la dirección general de prisiones, puede alterar o modificar lo que ya ha pasado", ha dicho la portavoz en alusión a la agresión sexual cometida por el detenido.

La Generalitat ha asegurado que revisará lo ocurrido, pero ha insistido en que si el violador estaba de permiso es porque hasta tres equipos distintos habían valorado que cumplía "con el programa de reinserción", y ha recordado que han existido tres salidas autorizadas por un juez de vigilancia penitenciaria.

"La Generalitat no otorga permisos", ha querido recalcar la consellera, que ha destacado que los permisos a los que tienen acceso los condenados por violación provienen a través de un procedimiento pautado en el que intervienen profesionales como educadores, psicólogos o juristas.

También ha recordado que el violador reincidente fue condenado a 20 años de cárcel en 2002, y que en 2014 ya empezaron sus salidas de prisión programadas y acompañadas por el personal de los centros penitenciarios o de personas vinculadas a entidades que tratan con estos condenados.

Preguntada por si las víctimas estaban al corriente de que el violador accedía a los permisos, Munté ha expuesto que no puede entrar en este tipo de "concreciones", y ha asegurado que la Generalitat abordará este asunto con transparencia.