En su nota de prensa, el Ministerio Fiscal sostiene que, en fecha no determinada del año 2011, la acusada de nacionalidad marroquí, conocedora de que su sobrina se encontraba sin autorización de estancia y residencia en Nimes-Francia en el domicilio de un familiar contactó con ella y le ofreció venir a España con el pretexto de que le ayudaría a buscar trabajo y conseguiría que regularizase su situación administrativa.

Ante este ofrecimiento, su sobrina aceptó y ambas vinieron a España desde Francia, a primeros de diciembre de 2011, en autobús y se instalaron en el domicilio de la acusada, situado en Oviedo.

Una vez en Oviedo, la acusada, aprovechando que su sobrina carecía de cualquier medio de subsistencia y que no conocía el idioma ni a ninguna persona en España, la obligó a hacerse cargo de la totalidad de los trabajos del hogar, de cocinar, y del aseo y cuidado de sus dos hijos pequeños, de 2 y 6 años de edad, todo ello sin remuneración alguna y sin realizar ninguna actuación encaminada a regularizar su situación. También controlaba sus salidas a la calle, impidiéndole hacerlo si no la acompañaba ella misma, con el pretexto de que la policía la expulsaría del país.

La acusada la amenazaba reiteradamente con avisar a la Policía para que la extraditase cada vez que trataba de reclamar que le buscara trabajo y le permitiera aprender el idioma español, algo que la acusada "impidió interesadamente" con el fin de mantener a su sobrina en la condición de "sometimiento y abuso" a que la tenía sometida.

La situación duró año y medio y terminó cuando, tras negarse la sobrina a seguir en la situación en la que se encontraba, la acusada la echó a la calle y trató de que ninguna persona conocida o de su nacionalidad le diese cobijo. Los hechos fueron denunciados el 10 de junio de 2015 cuando fue retenida por la Policía para identificación en la calle Uría de Oviedo.