El colectivo señala en un comunicado que la tardanza en la aprobación del plan provincial de obras ha provocado que 2016 "sea un año sin obra con el consecuente perjuicio para el empleo y el tejido productivo provincial".

De hecho, sostienen que la tardía aprobación del plan "provoca una grave disfunción a las empresas constructoras, que se han visto obligadas a despedir a 1.500 trabajadores".

Los constructores reprochan a la Diputación que no haya "sido capaz de completar su propio entramado burocrático hasta final de octubre", lo que provoca a su juicio que "la escasa inversión aprobada se ejecute a lo largo de dos ejercicios (2016-2017), a pesar de tratarse de cantidades presupuestadas para este 2016".

Por otro, el sector no comparte la que consideran "mal llamada recuperación de la gestión" por parte de los ayuntamientos, al entender que "implica que se liciten y adjudiquen las obras con criterios diferentes -cada municipio el suyo- vaciando de contenido los servicios técnicos de la Diputación".

Esta decisión entraña para la ACP "un grave riesgo para la propia Diputación, ya que dificulta la gestión, pierden calidad las obras, obstaculiza la transparencia y perjudica la profesionalidad de las empresas del sector".

Por ello, el colectivo ha anunciado que redoblará los "esfuerzos en la vigilancia del desarrollo del plan para denunciar posibles anomalías" en su desarrollo.

Abogan, de hecho, por que la Diputación vele por seguridad jurídica de todos los procedimientos garantizando la igualdad de oportunidades de las empresas del sector, publicando en el perfil del contratante todas las licitaciones de obra y elaborando un pliego de condiciones único que mejore la objetividad de cada proceso de licitación que lleven a cabo los ayuntamientos.

También ven necesario que la Diputación incluya requisitos de solvencia técnica de las empresas en el pliego de licitación, haciendo de la misma "un denominador común de calidad" que garantice obras ejecutadas en plazo y unos estándares mínimos de calidad.