En declaraciones a Europa Press, Fernández ha adelantado que jurídicamente "nos tenemos que acoger a lo que digan nuestros servicios" y recuerda que el recurso se presentó "ante un tribunal" y que éste "emite una resolución" sobre la que Educación "no tiene competencia".

Concretamente, el Tribunal impuso una multa de 2.000 euros a cada colectivo al interpretar que se había actuado de "mala fe" con la interposición del recurso administrativo contra la decisión de la Junta de Andalucía.

"Yo puedo escucharles, pero no puedo revocar las resoluciones que dicta el tribunal", ha insistido la delegada a quien también transmitirán las AMPA los "incumplimientos" que, según ellas, está realizando la empresa de catering y que "no se corresponden" con el pliego de condiciones aprobado.