Castilla y León ha expuesto el trabajo que se desarrolla en la Comunidad a través de la Red de Protección a las Personas y a las Familias y cómo, en los últimos meses, se están articulando desde los Servicios Sociales de la Junta mecanismos, herramientas y actuaciones orientadas al empleo de las personas más vulnerables, según han informado fuentes de la Consejería a Europa Press.

En este encuentro europeo ha participado el director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta, Pablo Rodríguez, que ha explicado en Bruselas que uno de los objetivos prioritarios de las políticas sociales de la Junta es la "lucha" contra la pobreza y la exclusión social, "dar respuesta" a las necesidades de las personas y familias más vulnerables y "procurar" su efectiva integración social para construir una sociedad "más justa".

Para ello, el diálogo, el pacto y el consenso siempre han sido "señas de identidad" de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales, donde se han alcanzado importantes acuerdos que han permitido a la Comunidad avanzar en la atención y protección a las personas más vulnerables.

En este sentido, Rodríguez ha recordado que uno de los últimos pasos en este ámbito se "ha dado" a comienzos de esta semana con la reunión que mantuvo la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, con los representantes de los agentes sociales y económicos de la Comunidad, según han puntualizado las mismas fuentes.

En ella, y en el marco del Diálogo Social, se han construido dos mesas de trabajo para seguir "avanzando y mejorando" en la protección a las personas y familias más vulnerables y en la atención a la dependencia.

A través de estos trabajos Castilla y León quiere ir "más allá" en la protección a los que más lo necesitan a través de la elaboración de un proyecto de Ley que consolide legalmente la Red en dos aspectos esenciales: dotándola de un carácter estable y permanente y extender y configurar como derechos subjetivos las principales prestaciones de la Red.

La Junta, según han explicado desde la Consejería, contempla 180 millones de euros en 2016 para ofrecer respuestas concretas y urgentes a través de los diferentes programas de la Red de Protección a las Familias y Personas más vulnerables de Castilla y León.

Junto a esto, Pablo Rodríguez ha puesto de manifiesto que el trabajo de la Junta en los últimos meses para "facilitar" el acceso al empleo de las personas más desfavorecidas se está articulando a través de la elaboración de un Plan Autonómico de Inserción Socio-laboral para el periodo 2016-2020, un Plan dotado con 335,6 millones para todo el periodo y con el que se "refuerza" la acción protectora de las personas más vulnerables y también se mejora su inclusión social y laboral.

FORMACIÓN

La Consejería estima que el conjunto de acciones de formación, orientación e inserción laboral podrán llegar a 109.000 personas en todo el periodo temporal de desarrollo del Plan.

Está elaborado con la participación e implicación del Dialogo Social y de las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la exclusión, y contempla todos los aspectos de la inserción laboral, abarca actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad y a facilitar tanto el acceso como el mantenimiento del empleo, actuaciones todas ellas adaptadas a las circunstancias y perfiles de las personas a través de los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral.

Un Plan que está "sustentado" en la innovación social que incorpora la metodología del Proyecto Europeo 'PACT', iniciativa europea liderada por Castilla y León y enfocada a potenciar la Red de Protección y la inserción socio-laboral de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía con dos estrategias interconectadas, la alianza público-privada y la inversión social proactiva.

En cuanto a la atención a la dependencia, Pablo Rodríguez ha explicado que la Comunidad es la primera y única Autonomía en España que ha implantado al cien por cien el Sistema de la Dependencia que atiende en la actualidad en Castilla y León a 84.566 personas y que apuesta por la profesionalización y el empleo, lo que permite que Castilla y León "encabece" en España la creación empleo vinculado a dependencia con casi 10 empleos por cada 1.000 habitantes y la existencia de casi 23.000 puestos de trabajo, más de cinco puntos por encima media nacional en España, según mantienen las mismas fuentes.

Entre los colectivos vulnerables se encuentran también las personas con discapacidad. Pablo Rodríguez ha informado de que Castilla y León ha dado pasos "destacados" en los últimos meses dirigidos al empleo también en este ámbito.

En el objetivo del empleo como la mejor herramienta de integración e inserción, la Consejería está apostando por el apoyo a los itinerarios personalizados de empleo, con 4,9 millones en 2015 y con una participación de 2.584 personas con discapacidad, lo que posibilitó la celebración de casi 1.200 contratos para su inserción en el mercado laboral.

PROMOCIÓN.

Otras líneas de actuación recientes de la Junta que se han recordado son la de la promoción del acceso al empleo público, con la reserva para personas con discapacidad como mínimo del 10 por ciento del total de plazas de la oferta y al menos el 2 por ciento de estas plazas ofertadas a personas con discapacidad intelectual.

Además se ha aprobado un nuevo Acuerdo sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación pública, que amplía la reserva de contratos, además de a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción laboral y prioriza en la adjudicación de un contrato la inclusión de proyectos de inserción sociolaboral para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social, han enumerado desde la Consejería..

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