El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado este miércoles que presentará una moción para pedir el apoyo de todos los municipios para exigir al Govern el pago inmediato de la PAC al sector agrario ya que, según dicen, hasta el momento, la Conselleria de Agricultura no ha realizado ningún pago a los agricultores de Baleares por este concepto".

Desde el PP recuerdan que la Unión Europea autorizó a los diferentes estados miembros a realizar un adelanto de hasta el 70% de los pagos de la PAC a partir del 17 de octubre y que "históricamente, en Baleares, estos pagos se habían realizado siempre en torno al 15-20 de octubre".

Por otra parte, este martes se reunió por primera vez la comisión de servicios sociales del PP de Baleares con Catalina Cirer como presidenta de la misma y este miércoles ha comparecido en rueda de prensa acompañada por los responsables de servicios sociales en el Parlamento, Sandra Fernández y al Ayuntamiento de Palma, Guillermo Sánchez.

En esta rueda de prensa, Cirer ha señalado que "el rescate ciudadano del Pacto es un fraude para todos, pero sobre todo, para los que más lo necesitan".

Según ha censurado, parece que han desaparecido del vocabulario de los actuales dirigentes del pacto, expresiones como: "Rescate ciudadano, extrema pobreza o situación de extrema necesidad, algo que escuchábamos de manera continuada, sobre todo antes de las elecciones de 2015".

De esta manera, la también consellera del PP en el Consell de Mallorca

ha lamentado que "ahora que el Pacto tiene disponibilidad presupuestaria, no sabe o no quiere gastar lo presupuestado y eso complica mucho la situación en muchas familias".

Por otro lado, el PP ha presentado una propuesta en el Parlament para instar al Servicio de Salud a contemplar la prórroga de la edad obligatoria de jubilación en algunas especialidades.

Según explican, su propuesta pretende evitar "las carencias de personal sufridas este verano", en especial en Atención Primaria y Pediatría.

Así, recuerdan que el Estatuto Jurídico del personal sanitario en España establece la jubilación forzosa en 65 años, pero puede

prolongarse voluntariamente hasta cumplir los 70 años.