Los grupos parlamentarios con representación en las cortes han respaldado, con la abstención del PP, iniciar el debate sobre la reforma de la Ley Electoral para el que se tomará como base la modificación

normativa propuesta por Ciudadanos, con lo que se ha dado cumplimiento a la pretensión del portavoz de la formación naranja, Luis Fuentes, quien ha pedido "valentía" para abrir un espacio de "negociación".

En concreto, Luis Fuentes ha detallado las pretensiones de esta reforma aunque ha advertido de que en el debate de las Cortes de este miércoles sólo se abordaba su toma en consideración y no una "adscripción a ciegas" de la propuesta de Ciudadanos, por lo que ha abogado por iniciar un camino en el que se pueda "debatir abiertamente" sobre estas reformas.

Así, el Grupo Mixto ha respaldado esta toma en consideración ya que, como ha destacado José Sarrión de IU el "debate es fundamental" y más en un asunto sobre "política con mayúsculas". No obstante ha asegurado que existen aspectos de la propuesta plantada por Ciudadanos con los que no está de acuerdo y que pretenderá limar en el debate como son recortar el tiempo de la campaña electoral.

El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, manifestó su "temor" en cuanto a la aplicación legal de algunas medidas propuestas por Ciudadanos, mientras que Natalia del Barrio de Podemos ha respaldado la toma en consideración aunque ha advertido de algunas "incongruencias" en el texto.

Por su parte, la viceportavoz del PSOE, Virgina Barcones, ha compartido la visión de Ciudadanos ante la necesidad de hacer reformas y, a pesar de votar a favor de la toma en consideración de esta modificación normativa, ha insistido en la importancia de contar con una "jerarquía normativa", para lo que ha urgido a impulsar la reforma del Estatuto de Autonomía para adaptarlo e incluir una clara "vocación" de "regeneración.

Para Barcones lo lógico sería iniciar las reformas desde el Estatuto de Autonomía y a partir de ahí "descender" y "revisar" el resto de leyes. Sin embargo ha considerado que el debate es "bueno" y "necesario" por lo que ha respaldado la toma en consideración de esta normativa.

Ángel Mariano Ibáñez, del PP, ha argumentado la abstención de su partido a esta toma en consideración, ya que, a su juicio existen determinadas cuestiones planteadas por Ciudadanos que podrían vulnerar otras leyes, por lo que ha abogado por que antes de avanzar en el debate de esta reforma normativa se encarge un "informe jurídico" sobre "posibles incompatibilidades".

LA REFORMA

En concreto,

Ciudadanos propone la incompatibilidad para poder ser procurador y a la vez miembro de una corporación municipal de más de 20.000 habitanes, entre otros cargos y la reducción de las campañas electorales autonómicas a diez días.

Asimismo, la propuesta del Grupo tiene como punto "muy novedoso" el establecimiento de un régimen de sustitución temporal de los procuradores -por el siguiente en la lista- por cuestiones de salud (que se prolongue más de 30 días), por baja por paternidad o maternidad o por implicaciones en procesos penales, así como por circunstancias personas debidamente acreditadas que impidan el ejercicio de sus funciones durante un mínimo de 30 días, sustitución que en este caso no excederá de seis meses prorrogables otros tantos.

Otro punto propone la obligatoriedad de las primarias para la elección de los candidatos a presidir la Junta, mientras que en otro apartado se incorpora la obligación de que los candidatos a presidentes de la Junta de los partidos que hayan tenido representación participen en debates en entes públicos o medios privados que tengan al menos un 35 por ciento de aportación de la Junta.

Ciudadanos contempla una reducción de hasta el 55 por ciento de las subvenciones electorales por escaño e incluso por voto recibido, un 37 por ciento de la subvención electoral a los envíos postales y de cerca de un 60 por ciento en el límite de gastos electorales por los partidos que concurran.

En concreto, fija la subvención de la Comunidad en 4.500 euros por escaño obtenido (ahora establecido en 10.205), 0,18 por voto conseguido por cada candidatura que hubiera obtenido, al menos, un escaño (ahora son 0,4 euros), bajan los gastos de envío de propaganda electoral de 0,19 a 0,12 euros por elector y limitan los gastos electorales de cada formación participante en las elecciones a multiplicar 0,15 por el número de habitantes de la circunscripción en la que se presenten (actualmente es de 0,38).

"Se trata de una Ley innovadora que se puede situar como punta de lanza para otras futuras reformas y que mejora la calidad democrática", ha aseverado Fuentes, quien ha insistido en que en la negociación de esta norma no existen líneas rojas, ya que se ha impulsado con la vocación de llegar a acuerdos.