El portavoz del grupo parlamentario, Víctor Manuel Martínez, y el diputado Juan Luis Pedreño han presentado esta mañana unas conclusiones en las que insisten en la "renegociación de los contratos de arrendamiento, operación y mantenimiento", así como que se pida al Gobierno regional a que "revise a la baja" las condiciones originales de gestión y mantenimiento de la desaladora.

"Se tienen que renegociar unas condiciones que están desfasadas para hacer viable la planta", ha dicho Martínez que también ha insistido en que es "un mito" que la desaladora costara 600 millones de euros. "Se faltó a la verdad, la renegociación es importante

porque la planta es vital para el campo de Cartagena", ha afirmado.

Entre el resto de conclusiones que han expuesto destacan aquellas que aluden a las responsabilidades políticas de la infraestructura. Señalan que "no pueden juzgarse sin tener en cuenta su origen". Recuerdan que "se siguió escrupulosamente las indicaciones de los informes de distintos despachos de abogados, "especialmente de Ariño y Asociados".

Para ello recuerdan que el déficit de agua de la Región llevó a aprobar por unanimidad en la Asamblea la ley de creación del Ente Público del Agua (EPA), que actualmente está extinguido. Apuntan que en su exposición de motivos se advierte que el objetivo de creación del ente es "conseguir con la mayor urgencia posible contar con agua desalada para aprovisionamiento de la población, sin descartar otros usos".

Los populares han insistido en la "utilidad" de la desaladora para el campo de Cartagena y han indicado que atiende "a más de 100 clientes y está funcionando a pleno rendimiento con una producción de 20 hectómetros cúbicos de agua desalada para el sector agrícola".

Desmienten que se haya podido demostrar que se haya cometido alguna ilegalidad. En palabras de Pedreño, "nadie ha cuestionado ningún aspecto legal de la desaladora, no se ha incumplido ninguna ley" en la puesta en marcha del proyecto. Asegura que se optó por un formato de contratación público-privado"en unas condiciones más ventajosas que otras opciones para atender la demanda de agua de los ayuntamientos de la Región".

Por último, los populares han incidido en que las conclusiones que han presentado otros grupos parlamentarios "son las mismas que hace un año" y que con ellas persiguen "dañar al Partido Popular para obtener rédito político, pero no tienen ningún interés en hacer viable la desaladora".