La jueza de los ERE imputa a otras 29 personas por 18 ayudas en la Sierra Norte de Sevilla

  • Entre los investigados vuelve a figurar el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y otros ex altos cargos de la Junta.
  • En la pieza se investiga la concesión de subvenciones por valor de más de nueve millones de euros.
  • También está imputada una religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina.
El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, a su llegada a los juzgados de Sevilla.
El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, a su llegada a los juzgados de Sevilla.
Juan Ferreras / EFE

La jueza María Núñez Bolaños, que instruye el caso de los ERE falsos de la Junta, ha imputado a otras 29 personas por 18 ayudas concedidas presuntamente de forma irregular a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Entre los investigados figura, de nuevo, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, procesado ya en otras piezas de la trama, así como dos exalcaldes socialistas de la comarca.

Junto a ellos, la magistrada también ha señalado al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y a los ex directores generales del IFA/IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, por sus actuaciones en los convenios suscritos a través de los cuales se concedieron las subvenciones investigadas, que ascienden a más de nueve millones de euros con cargo a la partida 31L, conocida como fondo de reptiles.

La jueza analiza en su último auto cada una de las 18 ayudas otorgadas por el Ejecutivo regional, destacando entre ellas la subvención de un millón de euros concedida a la empresa SCA San Sebastián de Guadalcanal, cuando el responsable de la empresa beneficiaria era el exalcalde del PSOE de esta localidad sevillana Carmelo Montero; o la ayuda de 170.000 euros otorgada a Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara, de la que eran responsables el exalcalde socialista de este municipio entre 1985 y 2007, José Antonio Méndez Sánchez, y su esposa.

Entre los 29 imputados figura también una religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina, Carmen Muñoz Rivas, que fue presidenta de una cooperativa textil (SCA Megara) que recibió 44.000 euros de la Junta. Muñoz Rivas ya compareció ante la jueza Mercedes Alaya en mayo del pasado año, si bien se acogió a su derecho a no declarar.

Del total de investigados en este último auto, cinco están citados para declarar ante la magistrada Núñez el próximo 17 de noviembre. Estas declaraciones se incorporarán a la pieza sobre las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, cuya instrucción ya dispone de las declaraciones ante la jueza de los responsables de otras 14 empresas investigadas.

Cabe destacar que en un segundo auto fechado el 21 de octubre, la instructora archivó la pieza matriz de los ERE contra los 25 empresarios de la Sierra Norte de Sevilla imputados al entender que en dicha causa principal se investigan los mismos hechos que en la pieza separada abierta por las ayudas a esta comarca sevillana.

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