Así consta en el sumario de estas nuevas diligencias, al que ha tenido acceso Europa Press y que investiga el germen del entramado materializado con la creación de ciertas unidades policiales cuyos integrantes "servían fines privados, políticos, particulares y alejados del servicio público", tal y como postula la acusación particular en este nuevo procedimiento judicial, ejercida por uno de los afectados por la reorganización del cuerpo.
En el marco de estas pesquisas declaró el pasado viernes un representante sindical que manifestó cómo la reestructuración, llevada a cabo de forma paulatina en 2011, provocó una división entre los policías, "haciendo policías de primera con mejoras económicas, y de segunda, a quienes les suponía un perjuicio".
El testigo llegó a señalar que "la gente tenía miedo a expresar las quejas que tenían", lo que a juicio de la acusación "no es baladí" puesto que "no son pocos los testigos protegidos" que, con motivo de las investigaciones abiertas en Instrucción 12, "han sido víctimas de sabotajes en su vivienda y vehículo y de amenazas, a la par que han sufrido acoso laboral y represalias, represiones y ataques a su dignidad y profesionalidad cuando comenzaron a denunciar estos hechos".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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