El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha comenzado a interrogar a los 23 miembros de Batasuna detenidos por orden suya en Segura (Guipúzcoa) cuando mantenían una reunión para reorganizar la estructura de la formación ilegalizada y seguir dando cobertura a ETA.

Los dirigentes abertzales empezaron a prestar declaración pasadas las doce horas ante el responsable del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que acusa a algunos de reiteración delictiva por haber vulnerado la suspensión de actividades de Batasuna, que él decretó el 26 de agosto de 2002 y que el Tribunal Supremo declaró ilegal el 27 de marzo de 2003, y a otros de pertenencia a banda armada.

El primero que ha entrado en el despacho de Garzón ha sido Ibon Arbulu, miembro de la Mesa Nacional y procesado en el sumario de Udalbiltza, la plataforma de electos de Batasuna.

Los once primeros detenidos llegaron a la Audiencia Nacional sobre las 09.30 horas en coches policiales camuflados, procedentes de la Comisaria General de la Policía Nacional en Madrid, mientras que los doce restantes lo harán a lo largo de la mañana.

Durante el tiempo que han permanecido en las dependencias de la Comisaría, así como en los calabozos de la Audiencia Nacional, han estado incomunicados, una situación que les ha levantado el juez antes de empezar el interrogatorio, que es de forma individual y en el que por parte del Ministerio Público asisten los fiscales Carlos Bautista y Juan Moral.

Un retraso provocado por la bici

El interrogatorio comenzó con más de dos horas de retraso sobre lo previsto, primero porque los abogados de los detenidos, Jone Goirizelaia y Kepa Landa, se vieron atrapados en la Glorieta de Atocha a causa de los cortes de tráfico provocados por la Fiesta de la Bicicleta que se celebra en la capital, y, en segundo lugar, por los asuntos que tenía que resolver Garzón como juez de guardia.

Los familiares de los arrestados, una decena, han sido desplazados hasta la Biblioteca Nacional, a unos 300 metros de la Audiencia Nacional, después de mantener una discusión con la Policía, que les impidió el paso hasta la puerta del tribunal.

Dieciséis de los 23 detenidos pertenecen a la Mesa Nacional, entre ellos su coordinador Joseba Permach, el encargado de Comunicación Juan José Petrikorena, el dirigente histórico Rufino Etxebarria y los responsables territoriales de Álava, Vizcaya y Navarra, Asier Arraiz, Ane Lizarralde y Juan Cruz Aldasoro, respectivamente.

La operación por la que se arrestó a la dirección de Batasuna se desarrolló en el marco del sumario 35/02 que instruye el citado magistrado y en el que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA a través de la financiación de las "herriko tabernas", controladas por la formación abertzale.

Atacan una sede de UGT y dos entidades bancarias Alsasua

En las últimas horas se han registrado nuevos actos de kale borroka, en Navarra y Euskadi.

Dos entidades bancarias y la sede de la UGT en la localidad navarra de Alsasua han sido atacadas con artefactos incendiarios que han causado "daños materiales mínimos", según ha informado la Delegación del Gobierno en Navarra.

Las entidades bancarias afectadas son el Banco de Vasconia, ubicado en la calle García Ximénez, y el Banco Guipuzcoano, situado en la plaza Lortia, y en los ataques se utilizaron sendas botellas incendiarias, según dicha fuente.

Además otros dos artefactos incendiarios fueron lanzados contra la sede del sindicato UGT, ubicada en la calle Erkuden, lo que ha provocado el ennegrecimiento de la fachada y la puerta principal.

La Delegación del Gobierno destacó además que la presencia policial en Pamplona impidió que se reprodujeran "las algaradas" que tuvieron lugar el sábado por la tarde, después de que se disolviera una manifestación en contra de las detenciones de Batasuna que había sido prohibida.

En esos incidentes un hombre "resultó herido al golpearse contra el pavimento" por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde tras ser atendido fue dado de alta, según la Delegación, que añadió que en estos sucesos resultaron dañados varios contenedores del casco antiguo de la capital.

La Delegación del Gobierno en Navarra condenó de "manera rotunda" estos actos de violencia callejera.