CSSP de Torremolinos exige la dimisión de los concejales del PP "responsables de la ruina" del Ayuntamiento

  • El grupo Costa del Sol Sí Puede (CSSP) en el Ayuntamiento del municipio malagueño de Torremolinos ha exigido este viernes la dimisión de los concejales del PP "responsables de la ruina" del Consistorio que forman parte de la actual corporación, ya que, la auditoría externa realizada a las cuentas municipales de 2011, 2012, 2013 y 2014 del Consitorio "ha dejado en evidencia la nefasta gestión que ha mantenido el Partido Popular".

Por ello, han exigido la dimisión "inmediata" de los ediles del PP, "que han estado implicados en estas desviaciones contables que relata la investigación".

En este sentido, han asegurado a través de un comunicado, que la auditoría "desvela graves irregularidades, errores e incumplimientos reiterados de la legislación vigente y falsedad de cuentas y facturas", asegurando, además, que "no nos valen las explicaciones, exigimos que se depuren responsabilidades políticas de las personas implicadas".

Así, han señalado que, entre ellos, "se encuentran estos siete concejales que han tenido capacidad de decisión a lo largo de los años investigados, todos ellos liderados por Pedro Fernández Montes".

"Es inadmisible que los concejales que han llevado a la ruina a este Ayuntamiento sigan representando a los ciudadanos del municipio", ha advertido el portavoz del grupo municipal, José Piña, al tiempo que ha asegurado que "se ha demostrado que no han sido buenos gestores y, no solo eso, sino que han incurrido en una serie de ilegalidades que en algunos casos deberían llevar incluso a la inhabilitación para cargo público".

Para CSSP, "la ciudad se merece otros políticos y dejar atrás años de mala gestión y gestión interesada por parte de los que pensaban que el pueblo es suyo".

Según Piña en Torremolinos, "deberían empezar a mostrar algo de transparencia y ejemplaridad y dejar de echar las culpas a los técnicos y los funcionarios del Ayuntamiento".

Por otro lado, han pedido al equipo de gobierno que solicite un informe de Secretaría e Intervención para trasladar la auditoría directamente a la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Fiscalía.

"Está muy bien que lo quieran estudiar con los servicios jurídicos, pero la Cámara de Cuentas es el máximo órgano de fiscalización del sector público en la Comunidad y debe velar por la legalidad y la eficiencia en este caso", ha concluido el responsable de la formación morada.

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