Más de 200 personas han protestado a las puertas de la oficina territorial de Valladolid de Banco Popular contra los cierres de sucursales, despidos y el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), medidas con la que dudan de la viabilidad de la entidad.

Los trabajadores se han concentrado en la calle Santiago contra el despido de cerca de 2.900 personas en toda España, unas 240 en Castilla y León, lo que supone del 27 por ciento de la plantilla, han explicado los sindicatos.

El secretario de Organización de CCOO en esta entidad en Castilla y León, Tomás García, ha indicado que en la última reunión el Grupo bancario (que engloba a Popular, Pastor y Citybank) ha ofrecido una "oferta penosa, indigna" y el sindicato trabaja para inicialmente reducir el número de afectados para después mejorar las condiciones que se ofrecen.

"La oferta no tiene por dónde cogerla, no tiene parangón en el sector bancario y es la primera de estas características en el sector financiero", ha añadido García, quien ha asegurado que dudan de que el banco sea capaz de atender "mínimamente" a los clientes a pesar del plan de viabilidad presentado.

MÁS MEDIDAS DE PRESIÓN

Las negociaciones sobre el ERE tienen de plazo máximo hasta el 6 de noviembre y los sindicatos han convocado otra protesta el jueves 27 que viene, además de ir a trabajar todos de negro para mostrar su malestar por la situación, pero no descartan que si no varía la negociación se pueda convocar una jornada de huelga o paros parciales.

Las provincias más afectadas son León y Valladolid, ya que en la primera se van a cerrar cuatro oficinas con 15 empleados y se va a llevar oficina regional que existe en esta provincia a Oviedo, por lo que hay casi 50 afectados, mientras que en la segunda se cierra la delegación territorial para su desplazamiento a Madrid, lo que se suma a cuatro cierres que en total suman 88 trabajadores afectados.

Así lo ha detallado Marcos Delgado, secretario de Organización de UGT en Banco Popular, quien ha añadido que en el Grupo en España, que cuenta con casi 13.000 empleados, 1.600 tienen más de 50 años y se les ofrecen despidos que sólo mejoran en tres meses el ERE, es decir, 20 días por año trabajado hasta 15 mensualidades, lo que supone tres veces menos que otros expedientes del sector.

Los responsables sindicales han criticado además que los cierres se hagan "deprisa y corriendo" y al trabajo añadido que supone por el movimiento de documentación se sume la incertidumbre de los trabajadores, que aún no saben dónde van a tener su puesto de trabajo.

Entre las preocupaciones de los sindicatos están, además de las condiciones de salida, muestran su preocupación por la situación en que queden los empleados que continúen, pero también por la movilidad geográfica y por los cierres alternos que pretenden hacerse en algunas oficinas. "No es una operativa normal y lógica", ha señalado Tomás García.