Según ha explicado en un comunicado, la formación ya está trabajando para trasladar a la proposición de ley que modifica la Ley 2/1992 de protección animal una interpretación que, como indica el TC, "no puede llegar al extremo que impida o perturbe el ejercicio legítimo de las competencias del Estado en materia de cultura". Por ello, estudiará la sentencia cuando se publique y planteará una revisión de las actividades taurinas para continuar el espíritu abolicionista de la Ley 2/1992 de protección de los animales.

El partido ha lamentado la nulidad de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña y ha dicho tomar nota para llevar adelante la propuesta de ley de protección animal a Baleares.

Así, a la espera de conocer el contenido de la sentencia y, especialmente, los votos particulares de tres magistrados que discrepan, MÉS ha criticado que el TC tumbe una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que consiguió 180.000 firmas y que haga prevalecer "una tradición cultural que no es compartida por la mayoría del pueblo catalán", ante la protección de los animales y la defensa de los valores culturales de Cataluña.

"Parece absolutamente anacrónico que el Estado inste judicialmente a la anulación de una iniciativa popular y de una ley autonómica surgida de un amplio movimiento social, del mismo modo que hace unos meses el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el reglamento de consultas del Ayuntamiento de San Sebastián para decidir sobre la celebración de corridas de toros en esta ciudad, por un recurso presentado por la Administración General del Estado", indican.

Por todo ello, MÉS dice tomar nota de las afirmaciones del TC en el sentido que el deber constitucional de garantizar y promover el enriquecimiento del patrimonio cultural establecido al artículo 46 de la Constitución puede ser interpretado por el legislador autonómico de forma diversa.

La formación también extrae de lo que dice el TC que no existe una obligación de mantener todas las manifestaciones inherentes en los espectáculos tradicionales, como las corridas de toros, e interpreta que las CCAA pueden regular el desarrollo de las representaciones taurinas y establecer requisitos para la especial cura y atención del "toro bravo" y no tienen la obligación de adoptar medidas concretas de fomento de las corridas de toros.