En una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, solicitada por Podemos, ha adelantado que el Ejecutivo adoptará esa decisión "cuando se resuelva la posición procesal de SARGA y el alcance de las diligencias que pueda interesarse por las parte, incluido el ministerio fiscal".

Lambán ha informado, igualmente, de que según el informe policial elaborado dentro de la investigación judicial, ni SARGA, ni el anterior consejero de Agricultura, Modesto Lobón, de cuyo Departamento dependía esta sociedad pública, son responsables de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudal público que presuntamente se achacan a tres trabajadores de esta sociedad.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza "no ha citado a declarar como investigados ni al consejero, ni a SARGA", sino solo a esos tres trabajadores.

Al respecto, ha explicado que el origen de la actuación policial y judicial "es el despido producido por la propia empresa SARGA" después de que el nuevo gerente, Jorge Díez, nombrado en diciembre de 2015, iniciara un expediente informativo por el cobro de kilometraje no justificado, que se derivó en el despido de esas tres personas en marzo de este año por infracción muy grave.

Tras estos hechos, Comisiones Obreras presentó en abril una denuncia penal contra estos tres empleados, así como contra el anterior consejero de Agricultura y la empresa pública "por los mismos hechos".

CADENA DE MANDO

Lambán ha aclarado que según el informe de la policía judicial "solo hay irregularidades en la percepción de dietas por parte de una persona, por valor de 4.315 euros", mientras que a los otros dos trabajadores se les achaca "negligencia, error" en que se produjeran esos cobros de forma que "toda la cadena de mando que tenía que ver en esa irregularidad ha sido sancionada en el despido", ha sostenido.

Ha añadido que "también ha aparecido otra cuestión de 3.000 y pico euros de otro trabajador" por lo que "hablamos de 7.000 euros, que SARGA va a exigir que le sean devueltos".

Además, "no tenemos indicios" de que esa práctica fuera habitual, al tiempo de que el informe policial, aunque manifieste la "intensa influencia política en la adscripción de numerosos puestos de trabajo en SARGA", "no concluye la existencia de indicios de ningún hecho que pudiera resultar presuntamente delictivo, ni responsabilidad adicional alguna".

"Otra cosa es que nos propongamos seriamente que ningún tipo de las hipotéticas prácticas de otros tiempos se vuelvan a cometer" en SARGA, para agregar que "la impresión que tenemos es que el funcionamiento de esa empresa se ha corregido ya" e incluso "empieza a ser ejemplar".

MANO TENDIDA

Javier Lambán le ha dicho al presidente del grupo de Podemos en las Cortes de Aragón, Pablo Echenique, encargado de defender la posición de su partido en esta cuestión, que "le tiendo la mano para hablar" por "la vía del diálogo entre los dos grupos" de PSOE y Podemos o de este último con el Gobierno para "añadir más medidas" de mejora.

En este sentido, ha señalado que su grupo no se opondrá a la propuesta anunciada por Echenique de que la Cámara de Cuentas analice las cuentas de SARGA de periodos anteriores, ni tampoco a la comisión de investigación.

No obstante, ha apostado por "esperar a que la justicia haga su trabajo porque puede ocurrir que todo quede sobreseído, en agua de borrajas" y "no hay que ser temerarios en los juicios y pedir responsabilidades políticas cuando no sabemos si han existido".

Respecto a la realización de una auditoria funcional en esta empresa pública, "cómo idea es magnífica", pero ha pedido que "nos digan cómo se puede hacer" ya que ha encontrado dificultades en determinar los indicadores, forma y autor de la misma.

LUZ ROJA

El presidente del grupo de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que ha sido su formación la que dio la "luz roja" en este asunto en diciembre del año pasado, cuando "preguntamos por las dietas que condujeron al despido" de estos trabajadores, para anunciar que van a pedir "una investigación integral por parte de la Cámara de Cuentas" en esta sociedad.

Además, cuando "se adelante el proceso judicial pediremos la creación de una comisión de investigación" en el Parlamento, en busca de "responsabilidades políticas" y también propondrán que el Presupuesto de la Comunidad de 2017 incluya una partida para realizar una auditoria funcional externa de SARGA que permita conocer "qué ha pasado" en esa empresa, tras afear que ante la "historia no oficial" de esa sociedad, todos los gobiernos han mirado "hacia otro lado".

El portavoz del PP, Roberto Bermúdez de Castro, ha opinado que esta petición de comparecencia pretende "sacar réditos en asuntos que no los tienen" y "es precipitada" porque "estamos en el germen de esta instrucción judicial", para afirmar que el PP, que gobernó en la Comunidad la pasada legislatura, tiene "la conciencia muy tranquila",

y ha pedido "dejar trabajar a la justicia" y que "nos diga lo que hay", al tiempo que ha estimado que "la demanda al consejo de administración de SARGA y al consejero Lobón fue política".

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha señalado que entre julio de 2015, cuando su partido asumió el Gobierno de la Comunidad, hasta diciembre se elaboró un "intenso estudio de qué estaba pasando en SARGA", a final de año se nombró a un nuevo gerente, que "empieza a tomar medidas de gestión" por las que se detectan "dietas cobradas de forma fraudulenta y se toman medidas de inmediato", para apuntar que "no se debe quitar gravedad al hecho", pero tampoco "crear incremento en esas presuntas irregularidades".

ACUSACIONES INFUNDADAS

La diputada del Partido Aragonés (PAR), Lucía Guillén, ha defendido "la máxima colaboración con las actuaciones policiales y judiciales, con todas garantías para todos" y "si se demuestra que hay error o actos cuestionables, seremos los primeros en recriminarlos y pedir responsabilidades a quien proceda", mientras que "si tienen algún prueba de que ha habido contrataciones irregulares por razones de militancias, tendrán que ir a los tribunales, lo contrario serán acusaciones infundadas".

La portavoz de Ciudadanos (C's),

Susana Gaspar, ha criticado que se hable de que "algo huele mal" en SARGA, pero "lo único que se concreta es una investigación judicial que parte de un despido que se lleva a la práctica por una investigación pedida por el actual gerente en la que se detectan irregularidades" por lo que "la actual dirección ya está aplicando medidas para corregir esos errores de gestión", ha esgrimido.

La diputada de IU, Patricia Luquin, que ha intervenido por el grupo mixto, ha dicho que "es evidente que algunas actuaciones que no se controlaban" en SARGA, respecto a un modus operandi "que me gustaría saber si era habitual o excepcional", para defender que hay que ser escrupuloso en el uso del dinero público.