La Asamblea de Madrid tramitará, con el consentimiento de toda la Cámara, una Proposición de Ley (PROPL) de Podemos contra la Violencia de Género, que incluye en este tipo de agresiones la violencia física, psicológica, sexual, laboral y la económica, al tiempo que pena otros aspectos como la violencia en el ámbito laboral o los matrimonios y abortos forzosos.

En su iniciativa Podemos señala que "la violencia contra las mujeres" por el hecho de ser mujer es "una violación de los derechos humanos y cita el Convenio de Estambul, que dice que esta violencia es "una manifestación rdel desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación".

La parlamentaria de Podemos Clara Serra ha sido la encargada de defender esta propuesta de su Grupo en el hemiciclo de Vallecas, donde ha apostado por "ampliar los márgenes" de lo que se considera violencia de género. Y es que ha puesto sobre la mesa el caso de Lucía Pérez, una chica de 16 años violada, drogada, empalada y asesinada "no por ser ella", sino "por ser mujer" y no por su pareja o expareja, sino por desconocidos.

Tras este ejemplo, ha indicado que en España, en virtud de la ley estatal, esta mujer no sería considerada víctima de violencia machista ni contabilizada como tal; lo que, en su opinión, "revela la ceguera en las leyes que suelen entender los asesinatos machistas sólo en el ámbito de la pareja o expareja". "Curemos en la ley regional esa ceguera", ha clamado.

Ha pedido adaptar las leyes regionales y estatales y unificarlas, así como incluir en el texto de la Comunidad los matrimonios forzosos, el tráfico con fines de explotación, los abortos forzosos o el matrimonio servil.

Desde el PSOE, la parlamentaria Carmen Martínez Ten ha afirmado que es verdad que la ley tiene "luces y sombras", en primer lugar, porque "no se ha evaluado" y ha considerado que hay que determinar los tipos de violencia de género, además de la física y sexual.

La parlamentaria ha defendido la ley de 2005, y ha considerado que el debate sobre esa norma debe servir "para llegar a un acuerdo entre todos los grupos y organizaciones de mujeres" para construir ese pacto contra la violencia de género en la Comunidad. "Podemos hacer que Madrid se oponga, luche, se levante, para avanzar contra esta lacra, esta vergüenza, que tenemos que recordar cada semana en esta Asamblea", ha defendido.

Desde Ciudadanos, la parlamentaria Ana Rodríguez Durán, ha considerado que las medidas de protección y prevención de la violencia de género tienen "un amplio margen de mejora" y ha apostado por "implementar medidas adicionales".

"Se hace necesario un gran pacto de consenso de las fuerzas políticas, fuerzas sociales y agentes implicados y que nos unamos contra esta lacra ", ha señalado para insistir en la necesidad de "un pacto social, político e institucional contra la violencia de género".

A su juicio, este pacto debe contar con medidas para "ampliar las disposiciones preventivas procesales punitivas" y que se incluyan todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

Apuesta por dotar de partidas presupuestarias a la prevención y atención asistencial a las víctimas de violencia y por recursos especializados de acompañamiento judicial personalizado.

Además, quiere protocolos de intervención para las mujeres que han retirado la denuncia sobre violencia de género o para las que no han interpuesto denuncia y un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a las menores víctimas.

Por último, la diputada popular Isabel Redondo ha mostrado la "condena más absoluta" del Grupo Popular a cualquier caso de agresión o víticma de violencia de género. "El Grupo Parlamentario Popular siempre va a ser proclive en debatir y avanzar en la lucha contra la violencia de género", ha afirmado Redondo, que ha destacado que pretenden el "consenso de todas las fuerzas".

La popular ha dicho que apoyan la iniciativa porque el de Podemos es un texto "serio" que no hace si no, definir "con mayor precisión" lo que establece la ley de 2005 y afinar conceptos. No obstante, ha avanzado que presentarán enmiendas porque el término 'feminicidio' les produce "ciertas estridencias" y porque quieren que se contemplen a las mujeres con discapacidad.