El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Cádiz, Ángel Acuña, ha explicado a Europa Press que, pese a lo dicho este miércoles por el Ayuntamiento, "ya no hay plazo para que pueda tramitar esta solicitud antes de que llegue el periodo final de explotación de los chiringuitos".

Según ha aclarado, "el plazo último de 15 días se le ha dado para que clarifique su postura, no porque los plazos del procedimiento ordinario de modificación sustancial no estuvieran ya sobrepasados, que lo están".

El plazo medio "mínimo" de tramitación de un expediente de modificación sustancial es "de tres a cuatro meses", en los que "por norma general" hay que subsanar documentación, publicar en boletines oficiales, y recabar informes de las distintas administraciones".

Ha abundado que, en esta situación, y "dado que los perjudicados serían finalmente los titulares de los negocios", la Junta "estudia en estos momentos las diferentes opciones que plantea la normativa para que estas instalaciones puedan seguir abiertas fuera del periodo de explotación y mientras se tramita la modificación sustancial".

Acuña ha subrayado que "la única línea roja" para que se puedan estudiar esas opciones es que el ayuntamiento en cuestión "haya subsanado las deficiencias de la documentación antes del 31 de octubre", apuntando que las soluciones provisionales no serán posibles en caso contrario.

Por ese motivo, y dado que "todos" los ayuntamientos tenían conocimiento del proceso y han ido dando los pasos necesarios para ello "salvo el de Cádiz", la Delegación de Medio Ambiente ha optado por enviar al Consistorio de la capital el escrito en el que le recuerda el plazo de 15 días para que clarifique su postura y aporte la documentación.

NO SERÁN "CÓMPLICES DE SU INEFICACIA"

Así las cosas, ha dicho que "la situación es clara: si presenta la documentación en esos 15 días, le esperaremos e iniciaremos un procedimiento provisional porque sabremos que quiere finalizar el procedimiento. Si no lo hace, entenderemos que el Ayuntamiento quiere mantener eternamente la provisionalidad de la situación y no podemos ser cómplices de esa ineficacia".

Ha recalcado que la situación de 2015 fue "excepcional", y por eso los plazos, normas y procedimientos son distintos en esta ocasión, "como sabían bien todos los municipios".

El delegado ha incidido en que lo único que se pide al Ayuntamiento de Cádiz es que "sea responsable y se aplique en el trabajo como han hecho el resto de consistorios de la provincia", agregando que no se entiende que "ayuntamientos más pequeños que Cádiz hagan sus trámites administrativos para dar seguridad jurídica a estos empresarios y trabajadores y el de Cádiz no pueda, cuando la ley es la misma para todos".

Finalmente, el titular de Medio Ambiente ha "desmentido" que no hubiera interés de los empresarios del sector en la capital como sostiene el Ayuntamiento. De hecho, ha explicado que uno de ellos en persona se dirigió en septiembre a la Junta para solicitar la tramitación, y "a raíz de esa petición enviamos el escrito al Ayuntamiento recordándoles los plazos y que son ellos los responsables de dar el paso". Después había "otros cinco empresarios más interesados".