La segunda jornada del juicio que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid contra el presunto pederasta de Ciudad Lineal no ha dejado indiferente a nadie. Los letrados y el tribunal han podido visionar una reconstrucción virtual de la casa del distrito de Hortaleza (Madrid) donde el pederasta agredió sexualmente a dos de sus cuatro víctimas, conocida como la casa de los horrores.

El presunto autor de la agresiones asistió a la jornada con semblante serio, pero tranquilo. Además, a puerta cerrada, las partes han visionado también las ruedas de reconocimiento en las que las cuatro niñas, de edades comprendidas entre los 5 y los 9 años, reconocían sin género de dudas como su agresor al ahora acusado. Es más, una de ellas, nada más acceder al lugar y reconocer a Ortiz lo señaló como "el hombre malo". Esta prueba se admitió ya en el proceso de instrucción para evitar que las niñas tuvieran que declarar de nuevo en le inicio del proceso judicial.

Por otra parte, el juicio enfrenta este jueves su tercera sesión en la que los jefes de la investigación de la denominada operación Candy (llamada así por las golosinas con las que engañaba a sus víctimas) relatarán cómo se dio caza al que fue considerado "enemigo público número 1" tras meses de pesquisas en las que lograba huir de la presión policial.

La detención de Ortiz se produjo la mañana del 24 de septiembre de 2014 en Santander, donde Ortiz se refugió en la casa de su tío. Llegó pocos días antes, pero la Policía ya le había intervenido el teléfono al haberle identificado en un control en Madrid. Un grupo de los GEO irrumpió a las 7.30 de la mañana de ese día y apresó al presunto pederasta.

Las agresiones que se le imputan se produjeron entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. Casi un año, tardaron los agentes del Servicio de Atención a la Familia, dependiente de la Brigada de Policía Judicial, en dar este pederasta en serie que cometió tres de las agresiones en tan solo cuatro meses.

Los investigadores se centraron en 50 sospechosos conforme a los datos dados por las cuatro víctimas. Las pesquisas eran complicadas, ya que el acusado eliminaba todo rastro de huellas. A las víctimas las lavaba tras las agresiones. Para borrar el rastro del piso de la calle Santa Virgilia (Hortaleza) contrató una empresa de limpieza.

Pese a ello, los agentes de la Policía Científica hallaron una huella palmar de una de las niñas en un plástico que cubría un colchón. También en este punto localizó sangre de una menor y esperma del acusado. Además, una de las niñas vomitó en una pared como consecuencia de las pastillas que Ortiz le habría presuntamente suministrado.

Pero fue en agosto cuando la Brigada Provincial de Policía Judicial  empezó a cruzar datos telefónicos con datos de los posicionamientos, dado que en uno de los raptos Ortiz llamó a su hijo en el coche estando una de las menores víctimas en el vehículo. Además, el procesado solía llamar a sus novias cuando estaba con las pequeñas.

Otra de las cosas que ayudó a la Policía fue la imagen captada por una cámara de parte de uno de los coches empleados por Ortiz. El acusado colaboraba con un concesionario de vehículos, lo que le permitía poder usar varios coches y despistar a los investigadores. Se rastrearon hasta 78.000 coches del mismo modelo. Una de las víctimas logró recordar algunos de los números de la matrícula del vehículo.

Otra de las menores aportó datos acerca de que su agresor sexual había parado en una tienda a comprar un bote de crema. En este lugar, la Policía encontró una huella que sirvió para estrechar más el camino hacía el autor de las agresiones.

La Policía se acercó cada vez más a Antonio Ortiz y comprobó que había pasado siete años en prisión por secuestrar a una menor y agredirla sexualmente en los años 90.

Con estos datos, se confirmó su supuesta autoría. Y se puso en marcha el disposicito policial para su detención. Tras el arresto, el juez ordenó su ingreso en prisión el 26 de septiembre de ese año. El pasado julio, la Audiencia de Madrid prorrogó su estancia en prisión preventiva al pasar los dos años de máximo que marca la ley en esta situación procesal.